El Wall Street Journal reveló que la Casa Blanca baraja ataques aéreos selectivos contra instalaciones militares en Venezuela vinculadas —según funcionarios— a redes del narcotráfico. Sería la siguiente fase de una campaña que ya dejó decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico, y que eleva el riesgo de un choque directo con Caracas. Más que una táctica, se trata de un cambio de umbral: pasar del mar a tierra, con implicancias jurídicas, humanitarias y políticas para toda la región.
El argumento oficial es conocido: golpear “nodos” que, a juicio de Washington, conectan a las Fuerzas Armadas venezolanas con el tráfico de cocaína. Versiones coincidentes detallan que los posibles blancos incluyen puertos, aeropuertos y bases bajo control militar; la señal buscada sería inequívoca para Nicolás Maduro. Incluso aliados republicanos piden aclarar el marco legal y la supervisión del Congreso; no hacerlo convertiría la operación en un atajo que erosiona el derecho internacional.
El contexto inmediato es preocupante. Desde septiembre, EE. UU. ha bombardeado embarcaciones “sospechosas” en aguas del Caribe y el Pacífico: los reportes suman al menos 61 fallecidos y videos de lanchas incendiadas, sin pruebas públicas concluyentes de cargamentos ilícitos ni identificación de víctimas. El Alto Comisionado de la ONU calificó estos hechos de “inaceptables” y exigió detenerlos por su probable contradicción con los estándares de derechos humanos, que reservan el uso letal para amenazas inminentes a la vida. Escalar ahora a territorio venezolano, sin transparencia y controles, multiplica la posibilidad de daños colaterales, errores de inteligencia y nuevas violaciones.
La región no necesita otra “guerra sin reglas”. Si el objetivo es combatir al crimen organizado —que también corroe democracias y mata a los más pobres—, la vía responsable combina inteligencia financiera, cooperación judicial, interdicción basada en evidencia verificable, control penitenciario que corte el mando criminal intramuros y prevención social en las rutas del reclutamiento. La fuerza puede ser necesaria, pero encuadrada: mandato claro del Congreso, reglas de enfrentamiento públicas, notificación internacional y rendición de cuentas ante víctimas. La seguridad sin legalidad es un espejismo que deja cicatrices duraderas.
América Latina conoce los costos de las salidas militares improvisadas: desplazan el problema, fragmentan alianzas y profundizan el autoritarismo que dicen combatir. Si Washington busca resultados reales, debe demostrar que puede más el derecho que la prisa: pruebas, límites, supervisión democrática y protección de civiles. Y si Caracas denuncia “guerra multiforme”, que lo desmienta con apertura a veedurías independientes. La ciudadanía merece seguridad, sí, pero con verdad, legalidad y dignidad. Cualquier otra ruta solo agranda el abismo.