En campaña, hay promesas que se venden solas: no requieren cifras, no exigen pruebas y suenan “eficientes” aunque nadie explique cómo. Una de ellas es la moda electoral del 2026: reducir ministerios. Catorce partidos ya la ofrecen como si fuera una limpieza general del Estado: menos burocracia, menos gasto, más orden. El problema es que, en el Perú, cuando la política habla de “recortes”, muchas veces no recorta duplicidades: recorta derechos. Y si el objetivo real fuera eficiencia, veríamos diagnósticos técnicos; pero lo que abunda es el titular fácil.
Según los planes de gobierno inscritos, los partidos que apuestan por esta tijera estatal son: Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú, el APRA, Unidad Nacional, el Partido Morado, Sí Creo, Perú Moderno, Unido Perú, Perú Acción, Integridad Democrática, Un Camino Diferente y el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN). Distintos nombres, mismo libreto: el Estado es “demasiado grande” y hay que achicarlo para que funcione.
Que se revise la estructura del Ejecutivo no es un pecado. El Estado peruano tiene oficinas duplicadas, trámites absurdos y una cadena de decisiones que desespera al ciudadano. Pero de ahí a prometer tijera a mansalva hay un salto peligroso. En un país con inseguridad desbordada, servicios públicos frágiles y pobreza persistente, achicar sin diagnóstico es como apagar un incendio cerrando el caño del agua.
Lo más revelador no es que quieran fusionar carteras. Lo más revelador es a quiénes apuntan. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) vuelve a estar en la mira. Al menos la mitad de estos partidos propone eliminarlo o fusionarlo: Avanza País, APRA, Podemos Perú, Integridad Democrática y Unidad Nacional plantean unirlo al Midis; APP y el Partido Morado, directamente, lo borran del organigrama. Otros ni siquiera se toman la molestia de explicar qué harán con sus funciones. En buen castellano: cuando falta presupuesto o voluntad política, se recorta lo incómodo. Y pocas cosas incomodan tanto a ciertos sectores como una política pública que hable de igualdad, prevención de violencia y protección de poblaciones vulnerables.
El cuento del “Estado gordo” se ha vuelto el caballo de batalla. Suena popular porque el ciudadano está harto de colas, sellos y papeleos. Pero lo que no se dice es que la burocracia no se resuelve borrando letreros, sino mejorando capacidades, procesos, control y meritocracia. Un ministerio fusionado sin plan no reduce trámites: los multiplica. Un “supraministerio” no garantiza eficiencia: puede convertirse en un monstruo centralista, lento y opaco, con más poder concentrado y menos vigilancia.
Además, la promesa viene cargada de ideología disfrazada de tecnicismo. Algunos partidos hablan de pasar de 19 a 6 ministerios, como si el Estado fuera una empresa familiar donde basta juntar áreas para que todo funcione. Mientras tanto, se ensayan nombres rimbombantes —“Ministerio del Ser Humano”, “Protección Humana”, “Familia”— y se evita responder lo esencial: ¿quién se hará cargo de las políticas específicas y con qué presupuesto, metas, indicadores y responsabilidades?
Reducir ministerios puede ser una reforma seria o un truco electoral. Hoy, en demasiados casos, parece lo segundo: una promesa de ahorro sin sustento técnico y una vía rápida para desmontar políticas públicas que protegen a quienes menos voz tienen.
Reflexión final
El elector debería desconfiar del candidato que ofrece tijera sin plano. Porque en el Perú, cuando la política promete “orden” recortando instituciones, suele terminar recortando derechos y ampliando impunidades. Menos ministerios no significa mejor Estado. Y un Estado más débil, en un país atravesado por violencia, desigualdad y corrupción, no es eficiencia: es abandono con marketing. (Foto: La República).