Que el crimen organizado mate no sorprende; que lo haga con apoyo interno debería sacudir al país. La revelación de que siete policías integraban la banda de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, no es un episodio más del parte policial: es la confirmación de que la violencia no solo se gesta en la calle, sino que encuentra oxígeno en la institución encargada de combatirla. Cuando el delito se infiltra en el uniforme, la seguridad deja de ser promesa y se vuelve ficción.
Las cifras estremecen: 78 muertes violentas vinculadas a la organización. Setenta y ocho historias truncas que no se compensan con capturas tardías ni con conferencias de prensa. Lo que indigna no es solo la letalidad del cabecilla, sino el andamiaje que permitió su expansión. Se ha informado que la banda contaba con protección de agentes del orden, autoridades y filtradores que facilitaban reglajes, seguimientos y datos sobre víctimas. En términos simples: el crimen operaba con información privilegiada.
Aquí la mordacidad es inevitable: ¿qué mensaje recibe la ciudadanía cuando quien debía cuidar el vecindario señala la puerta a los extorsionadores? ¿Cómo pedir denuncias si parte del sistema funciona como buzón del delito? La corrupción no es un vicio privado; es un multiplicador de violencia. Un solo informante interno vale por decenas de cámaras, patrulleros y operativos fallidos. Por eso las bandas prosperan: no solo por su crueldad, sino por la comodidad que les otorgan las complicidades.
El relato de una organización que premiaba a sicarios, que administraba territorios y que se reconfigura en grupos disidentes revela otra verdad incómoda: la captura del cabecilla no desarma la red si no se desarma el entorno que la sostuvo. La criminalidad muta, se fragmenta, se reagrupa. Y si la puerta interna sigue entreabierta, la próxima estructura encontrará el mismo pasillo.
Se anuncia que los policías involucrados están procesados y condenados. Es lo mínimo. Lo que falta es el antes: controles patrimoniales serios, rotación de puestos sensibles, protección real a denunciantes internos, auditorías externas, y un sistema de inteligencia que no llegue tarde ni hable a medias. Sin depuración institucional, cualquier plan de seguridad es un afiche: luce bien, dura poco.
El caso de ‘El Monstruo’ no es solo un expediente criminal: es un espejo del Estado. Si el uniforme se vende, la calle paga. Y la ciudadanía queda atrapada entre bandas que disparan y una institucionalidad que, por momentos, parece mirar al costado.
Reflexión final
La seguridad no se recupera con slogans. Se recupera con limpieza interna. Porque cada policía que cruza la línea no comete solo un delito: rompe el contrato social. Y cuando ese contrato se rompe, el país se acostumbra a vivir con miedo. Eso —más que cualquier banda— es la verdadera derrota. (Foto: Infobae – Andina).