Mientras el país discute “mano dura” en discursos y operativos para la foto, la Defensoría del Pueblo aterriza la realidad con un dato demoledor: el 80% de comisarías no tiene personal suficiente para cumplir adecuadamente sus funciones. Dicho de otro modo: la delincuencia no solo se organiza; también se beneficia de un Estado que llega tarde, mal equipado y, muchas veces, sin gente. No es un problema policial aislado: es una derrota administrativa sostenida.
El informe es un inventario del abandono. Los propios comisarios estiman que se requiere incorporar más de 600 oficiales, cerca de 17.000 suboficiales y más de 500 trabajadores civiles. Y las mayores carencias no están en un rincón olvidado: se concentran en Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura. La falta de personal golpea donde más duele: investigación criminal y patrullaje. Más de la mitad de dependencias no tiene suficientes efectivos para investigar delitos, y el 77% necesita reforzar su despliegue preventivo. ¿Cómo se supone que se combate al crimen si ni siquiera hay quién persiga, procese y prevenga?.
A esa precariedad humana se suma la precariedad material. El 72% no tiene telefonía fija, el 26% carece de internet, y solo el 21% cuenta con radio de comunicaciones. En emergencias, depender de celulares con señal inestable no es modernización: es improvisación peligrosa. Para colmo, decenas de policías terminan pagando de su bolsillo agua, luz, internet o limpieza. La seguridad pública financiada con colectas internas: el símbolo perfecto del Estado que se lava las manos.
La infraestructura tampoco ayuda: 231 comisarías funcionan en locales con más de 50 años, algunas con más de un siglo. Techos, paredes y pisos en estado malo o muy malo. Solo 583 solicitaron ITSE el último año y apenas 166 obtuvieron certificación. Además, 30% de equipos informáticos inoperativos, y casi la mitad de la flota vehicular fuera de servicio, muchas unidades irrecuperables y con carencias de SOAT o revisiones. Luego nos preguntamos por qué el patrullaje no llega.
Este no es un “problema de comisarías”: es un modelo de gestión fallido. La política ofrece eslóganes; la Defensoría muestra ruinas.
Reflexión final
Si el Estado quiere autoridad, primero debe construir capacidad: personal suficiente, comunicaciones reales, infraestructura segura, vehículos operativos y liderazgo profesional en comisarías. Sin eso, la seguridad seguirá siendo un teatro: el gobierno actúa, la ciudadanía espera y el crimen—sin pedir presupuesto—avanza. Aquí la verdad es simple y amarga: cuando el Estado no patrulla, alguien más lo hace. (Foto: Expreso- Eric Campos).