Cuando el Estado se queda sin respuestas para la inseguridad que desborda las calles, suele recurrir a la política del gesto. El Gobierno de José Jerí ha decidido rapar a los internos y obligarlos a usar uniformes, además de restringir visitas y horarios de patio. El anuncio se presenta como “recuperar el principio de autoridad”. En la práctica, es una imitación tardía del modelo Bukele, con mucha escenografía y poca política pública de fondo. Y llega, además, con una promesa incumplida en la mochila: Jerí ofreció que en enero presentaría el Plan de Lucha contra la Criminalidad. Enero pasó, el miedo quedó… y el plan, al parecer, se quedó en borrador.
El ministro de Justicia ha explicado que el rapado se justifica por salubridad y seguridad: evitar enfermedades y que se oculten objetos en el cabello. El uniforme, dice, servirá para eliminar jerarquías dentro de los penales. Todo suena ordenado, incluso severo. Pero la pregunta que no se responde es otra: ¿en qué momento rapar cabezas reduce la extorsión en los mercados, el sicariato en los barrios o el control territorial de las mafias? La criminalidad no se debilita con tijeras; se debilita con inteligencia, investigación financiera, desarticulación de redes y control real del sistema penitenciario.
Y ahí aparece la contradicción más grande del “show de autoridad”: Jerí no ha sido capaz de liderar una estrategia nacional, pero sí parece muy dispuesto a liderar una coreografía. Prometió un plan para enero. No llegó. En su lugar, el Ejecutivo ha repetido el recurso más gastado de los últimos años: estados de emergencia como si fueran amuleto. El problema es que la emergencia permanente ya no asusta a nadie, salvo al ciudadano que sigue pagando cupos. Porque si el estado de emergencia fuera solución, el Perú ya sería Suiza. Y no lo es. Es, más bien, un país donde el decreto se imprime rápido, pero el crimen se adapta más rápido aún.
La escena recuerda a los clips virales del gobierno salvadoreño: filas de internos rapados, uniformes iguales, cámaras en ángulo bajo. El problema es que copiar la imagen no es copiar la estrategia. Sin una política integral de persecución del crimen organizado, control de flujos de dinero ilícito, fortalecimiento fiscal y coordinación judicial, la “mano dura” se convierte en mano para la foto. Y la foto no protege al ciudadano cuando sale de su casa.
Más aún: el timing no es inocente. Cuando no hay plan, se anuncia gesto. Cuando el gobierno está contra la pared, se produce “contenido”. Nada distrae más que un acto punitivo con estética de orden. Es populismo de seguridad: promete control simbólico dentro del penal para ocultar la falta de control real fuera de él.
Jerí imita el envoltorio del modelo Bukele, pero no su arquitectura. Rapar y uniformar no es una política de seguridad; es un atajo narrativo para simular acción cuando faltan resultados… y cuando el plan prometido nunca aparece.
Reflexión final
La seguridad no es un reality de penales ni una pasarela de uniformes. Es una política compleja que exige Estado, inteligencia y justicia efectiva. Si Jerí insiste en gobernar para la cámara —entre decretos fallidos y promesas que no cumple—, el crimen seguirá gobernando para la calle. Y en esa competencia, el miedo siempre llega primero. (Foto: La República).