El Perú volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y el dato no admite eufemismos: el país perdió 8 puntos en cinco años, al pasar de 38 en 2020 a 30 en 2025, en una escala donde 0 representa corrupción extrema y 100 alta integridad pública. Con ese resultado, el Perú se ubica en el puesto 130 de 182 países evaluados y, en Sudamérica, apenas supera a Bolivia, Paraguay y Venezuela. Pero el drama no es solo el puntaje: es la sensación de que la corrupción dejó de ser un escándalo excepcional para convertirse en una constante política, con rostros que se repiten en Palacio y en la historia reciente.
En cualquier democracia saludable, un retroceso de esta magnitud activaría alarmas nacionales. En el Perú, en cambio, se administra como si fuera parte del paisaje. ¿Cómo no va a caer la percepción de integridad si la última década ha convertido la Presidencia en un espacio de sospecha permanente? Los expresidentes y mandatarios recientes se han visto arrastrados por investigaciones, denuncias y casos emblemáticos que han marcado el pulso de la desconfianza.
Pedro Castillo cargó con el símbolo de un poder que se volvió opaco: reuniones extraoficiales, entornos paralelos y decisiones bajo cuestionamiento que alimentaron la idea de que el Estado podía operar por fuera de sus propios canales. Dina Boluarte, por su parte, ha sido asociada a investigaciones y controversias que profundizaron la crisis de legitimidad, en medio de señales de desconexión con el país real y una erosión acelerada de la confianza pública. Y ahora, José Jerí —presidente interino— suma su propio capítulo: reuniones clandestinas, versiones contradictorias y un clima de sospecha sobre el uso del poder que termina contaminando todo, incluso cuando se intenta imponer “agenda” con operativos mediáticos, anuncios grandilocuentes o golpes de efecto.
El problema es estructural, sí, pero tiene un componente político ineludible: cuando la cúspide del Estado aparece una y otra vez vinculada a escándalos, la corrupción deja de percibirse como desviación y pasa a verse como método. Eso explica por qué la ciudadanía desconfía, por qué el Perú se deteriora en rankings internacionales y por qué la corrupción termina funcionando como impuesto silencioso: compras de emergencia que se vuelven norma, obras con sobrecostos, servicios públicos degradados y familias que pagan doble —con tributos y con gasto directo— para suplir lo que el Estado no entrega.
Y lo más grave: cuando la política se acostumbra a sobrevivir entre escándalos, también se acostumbra a debilitar controles. La vigilancia ciudadana y periodística se vuelve incómoda; la sociedad civil es tratada como adversaria; los contrapesos son presionados o capturados. Allí nace el círculo vicioso perfecto: menos control, más impunidad; más impunidad, más corrupción; más corrupción, peor democracia.
El Perú no cae en el IPC por mala suerte ni por fatalismo cultural. Cae porque ha permitido que la corrupción se instale como práctica tolerable en la élite del poder, y porque la cadena de consecuencias rara vez llega a tiempo o llega con contundencia. Con 30/100, el país se proyecta internacionalmente como una democracia debilitada, con controles frágiles y un sistema político que no logra romper su relación tóxica con el abuso y la opacidad.
No existe discurso que sustituya a las reformas. Si el país quiere dejar el sótano regional, necesita decisiones que incomoden a quienes se benefician del caos: transparencia total en compras y contrataciones, trazabilidad real del dinero público, protección efectiva a la prensa y a los denunciantes, y sanciones rápidas y firmes sin excepciones para “los de arriba”. Mientras el Perú siga produciendo presidentes envueltos en sospechas —de Castillo a Boluarte y de Boluarte a Jerí— la percepción de corrupción no solo seguirá cayendo: se convertirá en la marca registrada de nuestra política. (Foto: La República).