En 126 días, el Perú no ha tenido un presidente: ha tenido un expediente. Un país que debería discutir seguridad, empleo y salud terminó discutiendo entradas a Palacio a medianoche, cenas clandestinas y contratos que aparecen como por arte de magia. Y mientras la ciudadanía se hunde en el hartazgo, el poder ensaya la misma coreografía: negar, relativizar, bromear, culpar a la prensa y pedir “estabilidad”, como si la democracia fuera un adorno y no una obligación moral.
La secuencia es tan repetida que ya parece método. Primero, el pasado que no se explica: Jerí cargó una denuncia por presunta violación sexual presentada en diciembre de 2024; la Fiscalía finalmente archivó el caso por falta de pruebas concluyentes, pero el dato político quedó: un liderazgo frágil, sostenido por cálculo, no por legitimidad.
Luego, el presente que se pudre en tiempo real. El 13 de octubre —tres días después de asumir— seis personas ingresaron a Palacio y salieron de madrugada. Poco después, llegaron los contratos. La República detalla nombres, horarios y sueldos: Royer Azañero (más de S/30.000), Hilda Zapata (más de S/26.000), Luis Solórzano (S/26.000), además de designaciones posteriores como Sheyla Briones (S/10.000) y Rosario Espinoza (S/15.600), entre otros casos vinculados a esas jornadas de “reuniones” eternas. ¿De verdad quieren que creamos en la casualidad como política pública?.
Y cuando el país aún digería esa postal, estalló el “Chifagate”: videos de Jerí entrando encapuchado a un chifa en San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, sin registro en agenda oficial. La Fiscalía abrió investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. ¿La excusa? Disculpas por la “forma”. El fondo —la opacidad— siguió intacto.
A esa cadena se suman las visitas de señoritas a horas improbables y las contrataciones posteriores en el Estado bajo mecanismos como el FAG, convertidos en puerta giratoria del entorno. Y, como si la Presidencia fuera un salón social, aparece la fiesta de Cieneguilla: cumpleaños, asistentes del Congreso, exministros y figuras vinculadas a redes bajo investigación, con vecinos que terminan llamando al Serenazgo y un episodio vehicular al retiro. La política convertida en after party.
Mientras tanto, el Congreso que debería fiscalizar opera como escudo. No sorprende que las bancadas que lo sostienen acumulen rechazos obscenos: APP (94,2% de desaprobación), Somos Perú (87,0%) y Fuerza Popular (82,1%), según la encuesta de Imasen difundida por La República. Si la desaprobación fuera delito, ahí sí tendríamos megaoperativo.
El problema no es un escándalo aislado: es el patrón. Un poder que confunde Estado con botín, y gobernabilidad con blindaje. En una democracia mínima, la investidura no se usa para improvisar contratos, encapucharse en reuniones, ni normalizar visitas nocturnas como rutina administrativa.
Reflexión final
La indignación no es morbo: es defensa propia. Porque cuando el Ejecutivo se vuelve una suma de “explicaciones” y el Congreso una muralla, lo que queda en riesgo no es la imagen de Jerí: es la democracia misma. Y en un país cansado de pagar crisis ajenas, el silencio ya no es prudencia: es complicidad.