El Congreso ya tiene más de 75 firmas para convocar un Pleno Extraordinario. En un país donde las urgencias reales se apilan —inseguridad, extorsión, hospitales sin medicinas, escuelas sin condiciones mínimas, regiones abandonadas— la política vuelve a concentrarse en su deporte favorito: el conteo. No el conteo de víctimas ni el conteo de obras paralizadas, sino el conteo de rúbricas. Y, aun así, este conteo no es menor: cuando un Parlamento roza el umbral de las 78 firmas, el mensaje es claro: el poder encargado se tambalea y el sistema se prepara para una sesión de alto voltaje.
La escena es conocida, pero no por eso menos grave. El Pleno Extraordinario se anuncia como el gran “debate de continuidad”, aunque en realidad suele ser la antesala de una guerra de posiciones: quién se despega a tiempo, quién negocia su respaldo, quién juega a dos bandas y quién espera la última encuesta para decidir si firma la historia o firma la impunidad. Mientras tanto, José Jerí se “cocina a fuego lento”, como dicen en pasillos, no necesariamente por una condena política, sino por una acumulación de señales que, juntas, huelen a desgobierno y a descomposición.
Técnicamente, el Pleno Extraordinario está a la vuelta de la esquina. El Reglamento exige 78 firmas y ya se supera la barrera de las 75. Falta poco para que el presidente del Congreso encargado formalice la convocatoria dentro del plazo correspondiente. Y cuando eso ocurra, la narrativa oficial intentará vender el momento como “fiscalización” o “control democrático”.
Pero en el Perú de los últimos años, la fiscalización rara vez llega con cronograma, estándares y resultados; llega con titulares, filtraciones y puñales internos. El Pleno no será —no nos engañemos— un seminario sobre institucionalidad. Será una exhibición de fuerza política. El verdadero guion se escribirá en el número que importa: los votos.
Aquí aparece el contraste brutal: firmas sí, votos quién sabe. El camino de la vacancia no se gana con el ruido de un Pleno, sino con una mayoría calificada que no se improvisa. Se necesitan 87 votos para concretar la destitución. Y, por ahora, las adhesiones explícitas para la vacancia están lejos de ese número. Hay bancadas que firman para “mostrar postura”, pero no votan para “asumir costo”. Hay bancadas que no firman para “no quemarse”, pero votan si el viento cambia. Y hay grupos que entran al debate con una calculadora: no para salvar la República, sino para salvar sus cuotas.
Entonces, el riesgo es evidente: un Pleno Extraordinario que se convierta en ring, sin knock-out, y que al día siguiente deje lo mismo de siempre: más descrédito, más polarización y un gobierno todavía más debilitado.
La figura de Jerí llega a este punto por una secuencia de controversias que no se despejan con frases sueltas ni con gestos para cámara. Reuniones clandestinas con empresarios chinos. Cuestionamientos por contrataciones. Investigación fiscal. Versiones contradictorias. Y, como telón de fondo, un país que no percibe conducción.
Un gobierno encargado tiene una obligación adicional: ser impecable. No puede darse el lujo del “tal vez”, del “no sabía”, del “fue informal”. La informalidad en el poder, en el Perú, no es un detalle cultural: es el mecanismo por el cual se cuelan intereses, se negocian favores y se captura el Estado. Por eso el problema no es solo Jerí; es el patrón: autoridades que gestionan la crisis como si fuese parte del trabajo, y no como la prueba de que están fallando.
Sería un error convertir esta historia en una película de “Congreso bueno vs. Ejecutivo malo”. El Parlamento no es un salvador automático: es parte del problema cuando usa la vacancia como herramienta de chantaje, cuando convierte la fiscalización en show y cuando la urgencia aparece solo cuando la coyuntura lo conviene.
Si el Congreso quiere que este Pleno tenga valor institucional, debe hacer lo que casi nunca hace: ordenar el debate, exigir información verificable, separar la indignación de la evidencia, y, sobre todo, dejar constancia clara de responsabilidades. Si el objetivo es “patear el tablero” para negociar puestos o impunidad, entonces el Pleno no será un acto democrático: será una transacción a cielo abierto.
Las más de 75 firmas no son un triunfo de la democracia; son una alarma. Señalan que el encargo presidencial está en crisis y que el Congreso huele sangre. Pero el país no puede seguir viviendo de alarmas. Necesita decisiones con sustento, un Ejecutivo que explique con claridad y un Parlamento que no confunda control con circo.
Y aquí está la verdad más incómoda: si no hay 87 votos, el Pleno Extraordinario puede terminar siendo solo un capítulo más de la serie peruana “Escándalo y Continuará”. Mucho ruido, pocas reformas, y la ciudadanía otra vez mirando cómo la política se devora a sí misma mientras el Estado se desangra.
Reflexión final
Las firmas se consiguen rápido. La confianza, no. Cada Pleno Extraordinario convertido en show debilita el pacto mínimo que sostiene la convivencia: que las instituciones existen para servir, no para sobrevivir. Si Jerí cae, que sea por responsabilidad demostrada, no por cálculo. Si Jerí se queda, que sea con transparencia real, no por falta de votos. Porque en el Perú, cuando la política juega a la ruleta con el poder, no pierde el Congreso ni pierde Palacio: pierde el ciudadano. (Foto: La República).