En el Perú ya no se mide el gobierno por políticas públicas, sino por el calendario del próximo escándalo. José Jerí no conduce un Estado: administra su propia supervivencia. Y cuando la Presidencia se vuelve un reality de sospechas, el país queda en pausa: la delincuencia avanza, los servicios colapsan y la institucionalidad se usa como escudo, no como brújula.
Lo de Jerí ya no es “un caso” ni “una polémica aislada”. Es una secuencia. Un presidente interino que debía garantizar transición y mínima estabilidad terminó instalando un patrón: más sombras que decisiones.
Primero, la denuncia de violación sexual cuando era congresista, tras una fiesta privada. La Fiscalía archivó el caso por falta de indicios concluyentes. Perfecto: nadie está por encima del debido proceso. Pero el archivo no convierte a Jerí en ejemplo de prudencia; solo evita que el expediente siga abierto. La política peruana hace lo mismo de siempre: confunde “no probado” con “todo bien” y sigue.
Luego vienen los cuestionamientos por presunto tráfico de influencias, adquisiciones irregulares y relatos de “pagos” por leyes. En un país con historial de corrupción, eso no se resuelve con frases de manual. Se resuelve con transparencia radical. Y Jerí ha ofrecido, más bien, una coreografía de explicaciones que cambian según el video, el reportaje o la presión del día.
El “Chifagate” —reuniones clandestinas con empresarios chinos, ingresos sin registro, encuentros fuera de agenda— es la postal del problema: el poder operando como si la Presidencia fuera una sala VIP sin control. La defensa típica (“reunión privada”, “fue un error”) se cae sola: cuando el interlocutor tiene intereses con el Estado, lo privado deja de ser privado. Es un conflicto de interés con banda presidencial.
Y aquí aparece el capítulo que terminó de degradar el cargo: las visitas de mujeres al despacho presidencial —en horarios nocturnos, algunas incluso saliendo al día siguiente— y, después, su contratación en entidades públicas. No es moralina ni chisme: es administración del Estado. Si el filtro no fue Recursos Humanos, ni concursos, ni evaluación transparente, sino el “pase” por Palacio, entonces el mensaje al país es devastador: el Estado como puerta giratoria donde primero entras por cercanía y luego cobras por planilla. Peor aún: estas contrataciones salpicaron distintas instituciones, desde organismos ministeriales hasta el propio entorno del Ejecutivo, reforzando la sospecha de favoritismo y “meritocracia por entrevista privada”.
Después llegó la escena de Cieneguilla: el presidente celebrando mientras el país se desangra por inseguridad y desconfianza. “Vida privada”, dirán. Claro. Solo que cuando el entorno mezcla poder, influencias, congresistas y personajes vinculados a tramas vergonzosas, la vida privada se convierte en señal política: la investidura se abarata y la Presidencia parece una reunión social con Estado alrededor.
Y como remate, el país observa el patrón completo: cuando el problema es gestión, aparece el show; cuando el problema es transparencia, aparece el silencio; cuando el problema es ética, aparece el blindaje; y cuando el problema es el ciudadano, aparece el discurso de “estamos trabajando”.
La pregunta ya no es “¿qué más saldrá?”. La pregunta es “¿qué queda del Estado cuando el Presidente acumula escándalos como si fueran logros de gestión?”. La confianza no se pierde por una acusación: se derrumba por la repetición del desorden, por el uso del poder como atajo y por la normalización de lo impropio.
Reflexión final
Un presidente interino debería ser el guardián del mínimo institucional. Jerí ha sido, más bien, el símbolo de la política que se protege a sí misma mientras el país se desprotege. Y cuando Palacio empieza a parecer un filtro informal de contrataciones, reuniones opacas y favores, la democracia no se cae de golpe: se pudre lentamente… con comunicados oficiales como perfume. (Foto: Perú 21).