“Más de 3 meses de espera por un medicamento: la otra lucha de las familias de niños con cáncer en EsSalud” no es un titular más: es una acusación pública contra la normalización de lo inaceptable. En el Perú, mientras se pronuncian discursos por el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, madres y padres denuncian que la continuidad del tratamiento de sus hijos depende de la suerte, del bolsillo y del aguante emocional. El cáncer exige precisión, rapidez y constancia. La burocracia, en cambio, está ofreciendo demora, incertidumbre y desgaste. Cuando ambas lógicas chocan, siempre pierde el paciente.
En oncología pediátrica, una interrupción no es un detalle: puede comprometer la respuesta terapéutica, elevar riesgos y deteriorar el pronóstico. Por eso, hablar de tres meses de desabastecimiento no describe un retraso administrativo, sino un problema sanitario de máxima gravedad. Si el sistema conoce la demanda, tiene padrones, protocolos y compras programadas, ¿cómo se explica que falten medicamentos esenciales durante semanas y meses? La pregunta no es técnica; es política. Y la respuesta, hasta ahora, ha sido insuficiente.
El caso de Nancy Pío Andahua —madre de un niño con leucemia mieloide aguda atendido en el Hospital Sabogal— revela con crudeza esa fractura. Desde diciembre de 2025 espera tioguanina. Mientras el medicamento no llega, la enfermedad no se detiene, el miedo no se pausa y la familia no duerme. Para cubrir un mes, tuvo que reunir alrededor de S/700. Pero ella misma lo advierte: ese esfuerzo no es sostenible. Esta escena, repetida en distintos hogares, muestra una forma silenciosa de desigualdad: quien puede comprar, amortigua el daño; quien no puede, queda expuesto.
Aquí aparece la dimensión más incómoda del problema: el traslado del costo público al sacrificio privado. El seguro social, que debería blindar a los más vulnerables en la hora más crítica, termina empujando a las familias a endeudarse, pedir apoyo o suspender tratamientos. Eso no es una “contingencia”; es una renuncia práctica a la obligación de proteger. Y cuando esa renuncia afecta a niños con cáncer, la falla institucional adquiere una gravedad ética mayor.
También preocupa la costumbre de responder con fórmulas vacías: “se está coordinando”, “se regularizará”, “se informará oportunamente”. El lenguaje administrativo no cura. Los comunicados no reemplazan ampollas, tabletas ni ciclos de quimioterapia. La única evidencia válida para una familia oncológica es simple y concreta: medicamento disponible hoy, no promesa para mañana.
La indignación social, además, no debería ser episódica. El problema de abastecimiento en salud no estalla de un día para otro; se gesta en compras tardías, mala planificación, débil monitoreo y ausencia de alertas tempranas. Si no se corrige la cadena completa —programación, adquisición, distribución y control de stock— el país seguirá entrando y saliendo de crisis con la misma excusa y el mismo dolor.
La “otra lucha” de las familias de niños con cáncer en EsSalud no puede seguir siendo contra la escasez. La obligación institucional es garantizar continuidad terapéutica con trazabilidad pública: qué falta, dónde falta, por qué falta y cuándo se repone, con fechas verificables y responsables identificables. Sin transparencia y cumplimiento, no hay gestión; hay administración del problema.
Reflexión final
Un sistema de salud se evalúa en su hora más difícil, no en su mejor conferencia de prensa. Si una madre debe rogar por un fármaco esencial y elegir entre endeudarse o interrumpir la terapia de su hijo, la crisis dejó de ser logística y se convirtió en una fractura moral del Estado. En cáncer infantil, esperar tres meses no es esperar: es llegar tarde. (Foto: Urpi).