Mientras el país enfrenta una escalada de homicidios, extorsiones y sicariato, el presidente José Jerí volvió a aplazar la presentación del Plan de Seguridad Nacional. La promesa oficial era exponerlo el 12 de febrero; otra vez no ocurrió. El problema no es solo la demora de un documento: es la ausencia de conducción en el momento más crítico para la seguridad ciudadana.
Cuando la violencia crece y la respuesta estratégica se posterga, el Estado transmite un mensaje peligroso: la urgencia de la calle puede esperar. Esta editorial sostiene que la reiterada postergación del Plan de Seguridad Nacional, en medio del aumento de homicidios en Lima, Callao y regiones, revela un patrón de improvisación y falta de liderazgo político. En un contexto de emergencia, aplazar la principal herramienta de respuesta no es una falla menor; es una señal de desgobierno.
La secuencia de hechos es elocuente y proviene de la propia cronología oficial. El 13 de diciembre de 2025, José Jerí aseguró que el plan sería entregado a inicios de enero de 2026. El 5 de enero, reiteró que se presentaría en “los próximos días”. El 16 de enero, el Ministerio del Interior amplió por diez días el plazo del grupo encargado (Resolución Ministerial N.° 2249-2025-IN). El 26 de enero, una segunda ampliación otorgó otros diez días adicionales (Resolución Ministerial N.° 0075-2026-IN). Luego se anunció como nueva fecha el 12 de febrero. Tampoco se cumplió.
Ese itinerario de prórrogas no describe una estrategia robusta. Describe un gobierno que administra plazos, pero no resuelve el fondo. Mientras tanto, la violencia avanza. Según SIDPOL, difundido por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, enero de 2026 cerró con 92 denuncias por homicidio en Lima Metropolitana: el peor inicio de año desde 2018 para la capital. En el Callao se reportaron al menos 16 homicidios. El patrón, además, se replica fuera de Lima: Piura (Paita, Sullana), Ica (Chincha y distritos de Pisco, incluido Paracas), Puno (Juliaca y Ananea), Madre de Dios (Tambopata), Loreto (Pebas), además de hechos en La Libertad, Lambayeque, Ucayali y San Martín.
No es un fenómeno aislado ni local. Es una expansión territorial del crimen con alta presencia de armas de fuego. En ese contexto, retrasar el Plan de Seguridad Nacional equivale a gobernar sin hoja de ruta pública verificable. Un plan de esta naturaleza no es una formalidad de despacho: debe fijar metas, plazos, responsables, articulación entre Policía, Fiscalía, gobiernos subnacionales y sistema de justicia, además de indicadores para medir resultados. Sin ese marco, la política de seguridad se reduce a operativos dispersos y anuncios reactivos.
La coincidencia entre la nueva postergación y la convocatoria del Congreso para debatir mociones de censura contra Jerí agrava la percepción de que la agenda de seguridad quedó subordinada a la contingencia política. Ese orden de prioridades es inaceptable en una democracia que se pretende funcional. Perú no necesita más reprogramaciones. Necesita mando. La reiterada demora en presentar el Plan de Seguridad Nacional confirma una fractura de liderazgo en el Ejecutivo justo cuando el país exige decisiones firmes y coordinación real contra el crimen.
Si la respuesta central del Estado llega tarde, el costo no se mide en conferencias pendientes, sino en vidas expuestas.
Reflexión final
Un gobierno se legitima cuando protege. Mientras Perú se desangra, postergar la estrategia nacional de seguridad no es prudencia: es renuncia práctica al deber más básico del poder público.
La ciudadanía ya no espera promesas; exige resultados. Y en seguridad, cada día sin rumbo fortalece al crimen y debilita a la democracia. (Foto: Lima Gris).