El Perú no ha vivido una transición democrática normal; ha vivido una cadena de mando que parece escrita por el mismo guionista del desastre. Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí —tres presidentes, un mismo denominador común: crisis, escándalos, improvisación y un Estado que se ha ido debilitando a la vista de todos. Mientras en Palacio se discuten supervivencias y narrativas, el país real experimenta el colapso en salud, educación y seguridad; y observa, con preocupación creciente, cómo la minería ilegal y el narcotráfico avanzan en territorio, dinero y control social, empujando al Perú hacia un riesgo mayor: normalizar el camino al narcoestado. Lo más irritante es que este deterioro no ocurrió en soledad: el Congreso, con su aval, su silencio o su blindaje selectivo, ha sido parte del problema.
Con Castillo, el Perú tocó fondo en una versión de gobierno sin brújula: anuncios sin sustento, decisiones cambiantes, equipos que entraban y salían como si el Estado fuese una sala de espera. No fue solo un estilo; fue una forma de degradar la administración pública: desorden en la conducción, señales contradictorias, pérdida de autoridad y una sensación de vacío que, en política, siempre se llena con intereses paralelos.
Con Boluarte llegó el discurso del “orden” y la “estabilidad”, pero el país no vio estabilización: vio continuidad del desgaste. La seguridad siguió desbordada, la extorsión se consolidó como industria del miedo, los asesinatos se volvieron parte del paisaje informativo y la ciudadanía terminó aprendiendo a vivir con la amenaza como rutina. En paralelo, la salud pública siguió atrapada entre precariedad y promesas, la educación continuó pagando el precio de años de abandono, y la agenda social quedó subordinada a la agenda de supervivencia política.
Con Jerí, el libreto no cambió: cambió el elenco y subió el volumen del escándalo. Reuniones clandestinas, sospechas, ruido, y una sensación de poder ejercido no para gobernar sino para resistir. Y cuando el poder se dedica a resistir, el país se queda sin conducción: no hay estrategia, no hay reformas, no hay prioridad nacional; solo hay reacción, cálculo y parche.
En ese escenario, la minería ilegal y el narcotráfico no necesitan discursos: necesitan ausencia del Estado, y eso es lo que han encontrado. Donde la autoridad se debilita, crece el control territorial; donde la fiscalización es selectiva, crece la impunidad; donde el gobierno está concentrado en su crisis, los poderes ilegales avanzan sin oposición real. A eso se suma lo estructural: anemia y desnutrición persistentes, desigualdad territorial, economías locales vulnerables y una institucionalidad que llega tarde o no llega.
Pero la pieza más incómoda —y la más constante— es el Congreso. Porque estos tres presidentes, con matices y responsabilidades distintas, contaron con un Parlamento que a veces se indignó para la tribuna, pero muchas veces blindó por conveniencia, negoció por cuotas o miró a otro lado para no romper equilibrios internos. Ese aval, por acción u omisión, es el cemento de la decadencia: si el control político se usa como arma o como escudo según el momento, se destruye su legitimidad.
Ahora, José María Balcázar aparece cargando “tres mochilas” pesadas en cinco meses: el descrédito acumulado, la herencia del caos y la presión de un país que ya no compra excusas. Y con razón: la paciencia social no es infinita cuando la vida cotidiana se juega entre miedo, precariedad y abandono.
Castillo, Boluarte y Jerí no son solo tres gestiones problemáticas: son el síntoma de un ciclo en el que el escándalo reemplaza al plan, el cálculo reemplaza a la ética y la supervivencia reemplaza al Estado. Si a ese ciclo se le suma un Congreso que funciona como juez y socio circunstancial, la crisis deja de ser una excepción: se convierte en método de gobierno.
Reflexión final
El Perú no está condenado a convertirse en narcoestado; está advertido. Y la advertencia es clara: cuando el desgobierno se normaliza, la ilegalidad se organiza; cuando la política se vuelve indiferente, la violencia se institucionaliza; cuando el Congreso blinda en vez de corregir, la impunidad se vuelve cultura. La pregunta, entonces, ya no es cuántos presidentes más caerán en el mismo libreto, sino cuántas veces más el país aceptará que la decadencia se administre como si fuera destino, y no como lo que realmente es: una responsabilidad compartida que exige ruptura, no resignación.