Un presidente puede equivocarse en una política pública y corregir. Lo que no puede permitirse es jugar con la ambigüedad cuando se trata de la protección de niñas, niños y adolescentes. Por eso, las recientes respuestas de José María Balcázar sobre el matrimonio infantil y las relaciones sexuales tempranas no son un “tema de opinión”: son una alarma nacional. Consultado en entrevista, Balcázar insistió en que no ha cambiado de postura: “soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones”. Añadió que habla “con propiedad” y que tiene “cultura para hablar sobre eso”, apelando a su experiencia como juez. Y cuando se le preguntó, sin rodeos, si sigue a favor del matrimonio infantil, optó por la evasiva: “No le puedo contestar eso”, y dio por terminada la conversación.
Esta editorial sostiene que un jefe de Estado que ratifica convicciones controvertidas sobre sexualidad temprana y no puede responder claramente sobre el matrimonio infantil, debilita la obligación del Estado de garantizar derechos, prevenir abusos y combatir la violencia. No es un debate académico: es una cuestión de ética pública y de protección efectiva.
El antecedente es conocido y está documentado. En 2023, cuando era congresista, Balcázar se opuso a un dictamen que buscaba prohibir el matrimonio de menores de edad. En plena sesión de la Comisión de Justicia, sostuvo que “el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional” y afirmó que “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer, eso está estudiado”. Posteriormente defendió que adolescentes desde los 14 años pudieran casarse conforme a lo que entonces permitía el Código Civil: “De 14 para arriba se pueden (pueden tener relaciones sexuales), no hay ningún problema”, matizando solo el caso de violación.
Lo que hoy escandaliza no es que exista un pasado polémico —la política está llena de frases que deberían haberse pensado mejor—, sino que Balcázar no rectifica, sino que se reafirma. Peor aún: en lugar de responder con claridad, intenta refugiarse en dos recursos gastados: “me sacaron de contexto” y “leyendas negras”. Es la fórmula perfecta para no asumir el contenido y convertir el cuestionamiento público en una supuesta campaña personal.
Pero el país no le pidió una explicación sobre su reputación; le pidió una respuesta sobre un tema de derechos. Y cuando el presidente no puede decir “estoy en contra del matrimonio infantil” con la misma firmeza con la que presume convicciones, el silencio se vuelve un mensaje. Un mensaje peligroso, porque en un país donde la violencia sexual y la desigualdad no son teorías, sino realidades persistentes, relativizar la protección de menores abre espacio a presiones familiares, relaciones asimétricas, normalización del abuso y perpetuación de ciclos de vulnerabilidad.
Además, invocar la condición de juez como garantía de “propiedad” no reemplaza el estándar que exige el cargo presidencial: prudencia, enfoque de derechos y compromiso explícito con la niñez. La autoridad no se acredita por currículo; se demuestra con claridad moral.
Las declaraciones de Balcázar y, sobre todo, su negativa a responder directamente, no pueden tratarse como anécdota mediática. El país necesita señales inequívocas: que el Estado protege a los menores, que no romantiza la sexualización temprana y que no tolera prácticas que exponen a niñas y adolescentes a violencia y desigualdad.
Reflexión final
La democracia se mide también por lo que sus autoridades se atreven a decir con claridad. Balcázar eligió la evasión donde debía haber una condena sin matices. Y cuando el poder vacila frente al matrimonio infantil, la sociedad debe ser firme: los derechos de la niñez no se negocian, no se relativizan y no se “contextualizan”. Se defienden.