El Perú no está “en vilo” por romanticismo cívico, sino por desgaste. Después de Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, la Presidencia se ha parecido menos a un timón y más a un salvavidas: sirve para flotar un rato, no para llegar a puerto. Y ahora se suma el nuevo presidente, José María Balcázar, con apenas cinco meses por delante y un país que ya no tiene paciencia para otra temporada de “transición” convertida en coartada. Porque la calle no está pidiendo discursos elegantes; está pidiendo seguridad, Estado y mínimos éticos. Y cuando lo que llega es incertidumbre, el país tiembla.
Con Castillo, el escándalo fue un doble golpe: desgobierno cotidiano y un desenlace de ruptura institucional. Su gestión normalizó la improvisación, debilitó la conducción del Estado y terminó con una maniobra desesperada contra el orden constitucional. El mensaje quedó claro: cuando el poder se gobierna desde la esquina, el país paga el choque.
Con Boluarte, el escándalo cambió de forma: dejó de ser caos abierto y pasó a ser crisis de legitimidad permanente. La respuesta estatal ante las protestas dejó heridas profundas, y la autoridad política se fue erosionando al ritmo de la desconfianza. A eso se sumaron episodios de privilegios y explicaciones poco convincentes que reforzaron la sensación de desconexión: mientras el ciudadano pedía seguridad y servicios básicos, el poder parecía administrando silencios, blindajes y daños.
Luego vino Jerí a confirmar el patrón: reuniones clandestinas, versiones cambiantes, sospechas, y una política en modo bunker. Cuando un gobierno se dedica a resistir, no gobierna; y cuando no gobierna, el Estado se achica. Jerí terminó siendo más un símbolo del bochorno institucional que una conducción real, y el país vio cómo la agenda nacional quedaba congelada en medio del ruido.
Ahora entra Balcázar, y el Perú no recibe una bocanada de estabilidad, sino otra pregunta incómoda: ¿qué clase de transición es esta si llega con polémicas éticas y prioridades aún difusas? Su promesa de “pacificación, consenso y estabilidad” suena bien, pero el país no necesita poesía: necesita una prioridad con nombre y apellido, crimen organizado y corrupción. Y aquí la alarma es doble: Balcázar arrastra controversias públicas serias —como su defensa del matrimonio infantil— en un país que necesita recuperar brújula moral, no relativizarla. En una transición, la legitimidad no se hereda: se demuestra. Y se demuestra empezando por lo básico: seguridad, transparencia y respeto por los derechos.
Mientras tanto, abajo no hay transición: hay supervivencia. La extorsión se volvió “impuesto”, los asesinatos dejaron de ser excepción, la economía formal se encoge por miedo, y las economías ilegales —minería ilegal, narcotráfico, lavado— avanzan donde el Estado se muestra débil, lento o selectivo. Cuando la política se ocupa de sostenerse, lo ilegal se ocupa de expandirse.
Y en el centro de este ciclo aparece el socio constante: el Congreso. Fiscaliza cuando conviene, blinda cuando conviene, se indigna cuando conviene. Esa selectividad es la fábrica del cinismo nacional: si la moral se usa por turnos, la institucionalidad se convierte en utilería y la república en escenario.
El Perú llega a julio con una lección escrita a golpes: escándalo + blindaje = desgobierno. Castillo, Boluarte y Jerí lo dejaron servido; Balcázar no puede darse el lujo de repetirlo. Cinco meses pueden ser un puente hacia elecciones limpias y cierta recuperación institucional, o pueden ser otro capítulo de parches que profundice el deterioro.
Reflexión final
La ciudadanía no está pidiendo milagros; está pidiendo mínimos. Que el poder deje de comportarse como un club que se protege a sí mismo. Que la lucha contra el crimen y la corrupción sea prioridad real, visible y medible. Porque si esta transición se convierte en otro episodio de frases suaves y hechos blandos, el Perú no solo seguirá “en vilo” hasta julio: seguirá retrocediendo, mientras las mafias —esas sí— avanzan con plan, disciplina y territorio.