“¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral?” suena a pregunta cívica, de manual escolar. Pero en el Perú, donde la política suele convertir la “reforma” en un traje a medida, la pregunta es más punzante: ¿quién ganará poder real y quién cargará con el costo público? Desde julio de 2026 vuelve el Congreso bicameral: 130 diputados y 60 senadores, cerrando tres décadas de unicameralismo. En teoría, dos cámaras implican más debate, más revisión y mejores leyes. En la práctica peruana, también pueden significar dos pisos para diluir culpas y un nuevo nivel donde el poder se vuelve más difícil de fiscalizar.
La Cámara de Diputados será el rostro visible del día a día. Allí nacerán los proyectos de ley: se presentarán, debatirán y aprobarán en primera instancia. También recaerá el control político cotidiano: interpelaciones y censuras a ministros, comisiones investigadoras y acusaciones a altos funcionarios por delitos vinculados a sus funciones. Dicho de forma directa: Diputados asumirá el desgaste, la confrontación y el ruido institucional. Será el lugar donde se “hace política” de cara al país, con todos sus costos y su exposición.
El Senado, en cambio, será el espacio donde la política se vuelve decisión estructural. Revisará lo aprobado por Diputados y podrá aprobar, modificar o rechazar proyectos. Hasta aquí, el discurso dirá “segunda revisión” y “mejora técnica”. Pero el punto crítico es otro: el Senado tendrá un rol determinante en la elección o designación de autoridades clave que sostienen el equilibrio del Estado. Hablamos de cargos que deberían actuar como contrapesos y garantes: el Defensor del Pueblo, el Contralor, integrantes del Tribunal Constitucional, autoridades del sistema económico y financiero, y funciones decisivas sobre instituciones autónomas.
Ahí aparece la alarma democrática: cuando una cámara no solo legisla, sino que influye en quién controla, quién sanciona y quién interpreta la Constitución, el poder deja de ser “legislativo” y se vuelve arquitectónico. No se trata solo de aprobar leyes, sino de colocar piezas que pueden proteger o capturar al sistema. Y si, además, este modelo funciona como un bicameralismo imperfecto, donde el Senado puede reescribir con gran margen lo que envía la cámara baja, el equilibrio se vuelve asimétrico: Diputados inicia; Senado termina.
En presupuesto, ambas cámaras deberán coordinarse para aprobar el texto final. Y esa coordinación puede ser virtuosa… o convertirse en el clásico espacio de negociación opaca donde el país solo se entera del resultado, no del trato.
Las funciones estarán bien separadas en el papel. Lo que no está garantizado es la responsabilidad en la realidad. Con dos cámaras, la tentación será simple: culpar al otro hemiciclo, enfriar decisiones y esconder el poder donde menos se mira.
Reflexión final
La bicameralidad no es buena ni mala por sí sola. Lo decisivo será quiénes lleguen y qué incentivos tengan. Si la ciudadanía no vigila el Senado con lupa —por su capacidad de modificar leyes y decidir nombramientos estratégicos— el retorno bicameral no elevará la democracia: elevará el blindaje. Y cuando el blindaje sube, la justicia suele bajar. (Foto: Exitosa).