“Indeci alerta sobre 378 distritos de la sierra y costa norte en riesgo por precipitaciones”. El titular suena a diligencia estatal, como si bastara con anunciar el problema para reducirlo. Pero en el Perú, la “alerta” suele ser el sustituto elegante de la prevención: una forma de decir “ya se avisó” antes de que el lodo tape carreteras, se lleve casas y convierta a familias en estadísticas. Porque la tragedia no empieza con la lluvia. Empieza cuando el Estado decide que su rol es informar… y no anticiparse.
El riesgo no es abstracto ni nuevo. Se habla de deslizamientos, huaicos y movimientos en masa en 378 distritos. Se identifican zonas con riesgo muy alto en regiones como Huánuco, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Junín, Piura y otras. También se advierten precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, con granizo, nieve, descargas eléctricas y vientos que complican aún más la respuesta. En otras palabras: el guion está escrito y, aun así, cada año se actúa como si fuera sorpresa.
Las recomendaciones oficiales vuelven a aparecer como un ritual: revisar rutas de evacuación, asegurar que centros de salud, bomberos y comisarías estén listos; pedir a la población que refuerce techos y organice alertas tempranas con silbatos o sirenas. Todo suena razonable… hasta que uno recuerda que el ciudadano no tiene retroexcavadora, ni presupuesto para descolmatar ríos, ni autoridad para despejar quebradas, ni capacidad para reparar puentes. Pedirle a una familia que “refuerce el techo” en zonas vulnerables es, muchas veces, como pedirle que “resista mejor” la pobreza.
La prevención real no se hace con listas de buenos deseos. Se hace con obras, mantenimiento y presencia territorial: limpieza de drenajes y torrenteras antes de la temporada, descolmatación donde corresponde, señalización efectiva y rutas de evacuación practicables (no líneas en un papel), albergues operativos con agua, alimentos y logística, y ayuda humanitaria preposicionada en puntos críticos. Se hace con simulacros que la gente entienda y pueda ejecutar sin improvisar. Y, sobre todo, se hace con una decisión política básica: llegar antes.
Porque lo más duro de esta alerta es lo que deja entrever: que el Estado conoce los mapas del riesgo, pero convive con ellos. Que sabe dónde se activa la quebrada, pero espera a que se active. Que reconoce que habrá daños, pero administra la respuesta como si el desastre fuese un trámite inevitable.
La alerta es necesaria, sí. Pero sola es insuficiente. Si no viene acompañada de prevención y mitigación verificables, termina siendo un salvoconducto institucional: “cumplimos con advertir”. Y advertir sin actuar es la forma más limpia de lavarse las manos.
Reflexión final
Un país no fracasa por tener lluvias: fracasa por normalizar que la naturaleza sea más constante que el Estado. Si 378 distritos están en riesgo, la pregunta no es cuántos milímetros caerán, sino cuántos meses se perdió en prevención. Porque cuando el Estado solo alerta, la emergencia deja de ser climática: se vuelve abandono con sello oficial. (Foto: LR).