En el Perú, la “vacancia” ya no suena a mecanismo excepcional: suena a botón de emergencia que se aprieta con demasiada confianza. El Congreso puede vacar presidentes en nombre de la moral, la incapacidad o la “institucionalidad”, y luego presentarse como guardián de la República, como si la crisis fuera un accidente y no una costumbre. Pero si el Congreso tiene el poder de sacar al presidente, la democracia exige una regla básica de equilibrio: que también se pueda vacar a los congresistas. Porque un poder que sanciona sin ser sancionable no es contrapeso: es privilegio.
La vacancia presidencial, en teoría, existe para casos extremos. En la práctica peruana, ha servido como palanca política: se usa cuando conviene, se amenaza cuando estorba y se celebra cuando suma puntos. El problema no es solo que el presidente pueda caer; el problema es que el Congreso, que decide la caída, rara vez acepta que su desempeño sea medido con la misma severidad.
Ahí está la asimetría que enferma al sistema. Un presidente es removible en pleno incendio nacional. Un congresista, aunque acumule ausencias, incompetencia, blindajes, redes de favores o denuncias, suele permanecer firme gracias a comisiones que duermen, investigaciones que nunca llegan a puerto y discursos que se reciclan. La indignación es rápida para juzgar al Ejecutivo, pero lenta —casi inmóvil— cuando el cuestionado es del propio hemiciclo. Y así, el Congreso se convierte en juez, parte y escudo.
Mientras tanto, el ciudadano ve el espectáculo completo: se vaca al presidente, se instala un nuevo discurso de “refundación”, y el país sigue igual o peor: crimen, extorsión, informalidad, servicios colapsados. Cambia la foto, no cambia el fondo. La política se especializa en mover piezas, no en resolver problemas.
Por eso vacar congresistas no sería “antidemocrático” si se diseña con candados. Antidemocrático es que exista un poder con capacidad de derribar gobiernos, pero sin un mecanismo ciudadano equivalente para retirar a quienes usan ese poder de forma irresponsable. Si se quiere una vacancia congresal seria, debe tener reglas claras: causales objetivas (corrupción probada, tráfico de influencias, mentir en declaraciones, uso indebido de recursos, ausentismo grave), umbrales altos de activación y un proceso transparente, rápido y verificable. Control, sí; chantaje, no.
Un Congreso con poder de vacar y sin miedo a ser evaluado en el camino termina tentado por el abuso. Y cuando el abuso se normaliza, la gobernabilidad se vuelve negociación de intereses, no servicio público.
Reflexión final
Si el Congreso exige responsabilidad al presidente, debe aceptar el principio completo: quien puede sacar, también puede ser sacado. Porque la democracia no puede funcionar con árbitros que nunca juegan bajo el mismo reglamento. Y si a algunos congresistas les incomoda la idea de ser vacables, quizá el problema no sea la propuesta… sino el espejo. (Foto: Congreso).