A dos meses de las urnas, el Perú no discute futuro: discute fantasmas. Rafael López Aliaga ha denunciado que Vladimiro Montesinos asesora a Keiko Fujimori y que lo que ocurre es “un psicosocial”. La frase no es menor: invoca el manual más oscuro de la historia reciente para disputar votos en 2026. Y cuando un país convierte su trauma en herramienta electoral, la democracia deja de ser deliberación y pasa a ser guerra psicológica de baja estofa.
La acusación llega con combo completo: López Aliaga sugiere una “trama pactada” entre bancadas y líderes para controlar el poder tras la elección de José María Balcázar, e incluso habla de “tomar ministerios” para “saquearlos”. Son palabras graves, de esas que no se lanzan para “marcar posición”, sino para activar indignación y convertir al adversario en sinónimo de pasado corrupto.
Pero aquí aparece el primer problema: si hay pruebas, no basta con decirlo. Un señalamiento de este calibre exige evidencia verificable y acciones formales, no frases de cámara. Porque lo contrario es dinamitar el debate público: acusar sin sustento es sembrar sospecha sin responsabilidad. Y en el Perú, la sospecha se vende barato y se paga caro.
El segundo problema es igual de corrosivo: la respuesta política suele ser negación automática, como si la indignación ciudadana fuera un trámite. Keiko Fujimori ha rechazado la acusación y la ha calificado de “absolutamente falsa”. Bien. Pero negar no limpia el terreno si la política sigue comportándose como una fábrica de pactos, blindajes y silencios útiles.
En el fondo, la discusión revela una campaña que se alimenta de lo peor: etiquetas (“psicosocial”), insinuaciones y villanos reciclados. Mientras se intercambian golpes, el país queda sin lo esencial: planes serios para enfrentar inseguridad, corrupción, trata, extorsión, justicia colapsada. El debate se convierte en una pelea por quién asusta mejor al electorado.
Y no nos engañemos: invocar a Montesinos no es solo atacar a un rival; es recordarle al país que el poder todavía coquetea con las sombras. Eso, en cualquier democracia, sería motivo de investigación y transparencia. Aquí, corre el riesgo de ser solo un capítulo más del show.
Si la denuncia es cierta, el país merece pruebas y procesos. Si es falsa, merece rectificación y costo político. En ambos casos, la política está usando al Perú como escenario y al ciudadano como consumidor de miedo.
Reflexión final
La pregunta no es quién grita más fuerte, sino quién se atreve a hacer lo que casi nadie hace: sostener lo que dice. Porque cuando la campaña se llena de sombras y “psicosociales”, el voto deja de ser decisión informada y se vuelve reflejo condicionado. Y un país que vota condicionado no elige futuro: repite condena. (Foto: Willax).