En un país donde la corrupción ha sido deporte de élite, suena lógico exigir castigos que duelan. Por eso la propuesta de Rafael López Aliaga de clausurar Barbadillo y enviar a expresidentes a una cárcel en la selva entra como martillo: habla fuerte y claro y apunta a un sentimiento real de indignación. El problema es que en el Perú la política suele confundir firmeza con puesta en escena, y la justicia con un titular. Y cuando eso pasa, la rabia ciudadana termina usada como combustible electoral.
López Aliaga toca un nervio: Barbadillo se ha convertido, para muchos, en símbolo de trato especial. Su idea busca romper esa percepción con un mensaje de igualdad ante la ley. Hasta ahí, el fondo es entendible: la corrupción roba hospitales, seguridad, escuelas y futuro. Y sí: el país necesita que robar al Estado deje de ser “riesgo calculado”.
Pero la justicia no funciona con metáforas de campaña —“serpientes como frontera natural”, “campamentos en la selva”, “sin internet”— sino con Estado capaz. El propio antecedente técnico recuerda que en 2025 el INPE determinó que los internos permanezcan en Barbadillo por seguridad. Si se quiere cambiar eso, no basta con la frase: hay que responder lo incómodo. ¿Dónde irán? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué régimen? ¿Qué costo? ¿Qué protocolo de seguridad y derechos? La “mano dura” sin ingeniería institucional termina siendo mano que golpea el aire.
Además, equiparar corrupción con violencia sexual y extorsión para pedir “cadena perpetua” suena contundente, pero abre otra discusión: ¿queremos un sistema penal más duro o un sistema penal que condene de verdad? Porque el gran fracaso peruano no es solo la falta de penas altas; es la impunidad: investigaciones flojas, procesos eternos, redes que compran tiempo, y condenas que llegan tarde o nunca. Si no fortaleces fiscalías, procuradurías, jueces, control penitenciario y recuperación de activos, el traslado a la selva será solo postal punitiva.
Y aquí está el punto clave: la corrupción no se derrota solo “asustando” a los corruptos; se derrota quitándoles el dinero, el poder y las rutas. Decomiso efectivo, rastreo de patrimonio, sanción a testaferros, protección a denunciantes, contratación pública blindada. Sin eso, el show del castigo puede ganar aplausos hoy y producir frustración mañana.
López Aliaga puede tener razón en el hartazgo y puede hablar con claridad. Pero si esa claridad no se convierte en plan verificable, la propuesta será solo ruido con forma de justicia.
Reflexión final
La ciudadanía no necesita más discursos “fuertes”; necesita resultados fuertes. Si la política quiere castigo, que empiece por lo serio: instituciones que investiguen, juzguen, condenen y recuperen lo robado. Porque el Perú no se arregla con serpientes alrededor de una cárcel; se arregla con un Estado que deje de temblar ante los corruptos.