Rafael López Aliaga lanzó una frase que pretende sonar a diagnóstico nacional: José María Balcázar sería un “pobre hombre extorsionado” por las principales fuerzas del Congreso. La sentencia busca instalar una idea peligrosa: que el país está siendo conducido por un mandatario que no manda, apenas aguanta. Y si esa idea es cierta, estamos frente a un Estado rehén; pero si es exagerada, igual revela algo grave: en el Perú, la imagen de un presidente “apretado” resulta demasiado creíble como para tranquilizar a alguien.
El problema no es la metáfora. El problema es lo que Balcázar permite que se vuelva normal. Un presidente interino no puede funcionar como un administrador de presiones. Si, como se sugiere, su continuidad depende de satisfacer cuotas partidarias —ministerios como fichas, cargos como peajes— entonces el Ejecutivo deja de ser conducción y pasa a ser trámite de supervivencia. Y cuando un gobierno se dedica a sobrevivir, el país se queda sin agenda: seguridad, salud, prevención de desastres, economía familiar… todo se posterga mientras el poder se reparte.
Aquí la crítica debe ser directa y sin maquillaje: Balcázar no puede refugiarse en el papel de víctima. La victimización es una coartada cómoda para evitar la rendición de cuentas: “me presionaron”, “me forzaron”, “me condicionaron”. No. Si el despacho presidencial se convierte en ventanilla de demandas, el responsable no es solo quien exige: es quien cede. Porque la extorsión política no se consuma cuando alguien amenaza; se consuma cuando el amenazado paga.
Y el país ya vio señales inquietantes de ese “pago” en la forma, que en política siempre es fondo: el cambio de último minuto en la jefatura del gabinete, anunciado de una manera y ejecutado de otra, sin una explicación convincente. Esa escena alimenta la sospecha de que el Ejecutivo no decide con firmeza, sino que se adapta al pulso de los actores que rodean el poder. En ese escenario, hablar de “estabilidad” es un chiste caro: estabilidad para quién, ¿para la ciudadanía o para la coalición que cobra por gobernar?
Lo más grave es el efecto pedagógico: si Balcázar transmite —por acción u omisión— que presionar funciona, entonces institucionaliza el chantaje como método. Y ahí la democracia se vacía: no gobierna quien tiene mandato, sino quien tiene capacidad de bloqueo.
Si Balcázar está “extorsionado”, su obligación es romper el cerco con transparencia y decisiones verificables, no administrarlo en silencio. Y si no lo está, entonces la acusación retrata un sistema donde la autoridad se percibe tan débil que cualquier relato de captura parece plausible.
Reflexión final
El Perú no necesita un presidente que inspire compasión; necesita uno que inspire confianza —y la confianza no se pide, se construye. Si Balcázar acepta ser el rostro de un poder negociado por cuotas, el país no tendrá gobierno: tendrá un mostrador. Y cuando el Estado se vuelve mostrador, la ciudadanía no es representada: es la que paga la cuenta. (Foto: Panamericana).