El Perú tiene una habilidad casi artística para convertir la “gobernabilidad” en un trámite y la ética en un accesorio opcional. Acaba de instalarse el primer gabinete del gobierno de José María Balcázar, con Denisse Miralles al frente, y el país no recibió un equipo de choque contra la crisis: recibió un gabinete que llega con la Fiscalía en la maleta. Seis ministros —incluida la presidenta del Consejo— registran investigaciones en trámite. Y aquí no hablamos de chismes ni de “persecución”: hablamos de algo más simple y corrosivo: credibilidad. Porque cuando el Estado pretende ordenar el país, pero su propio gabinete viene con antecedentes y procesos abiertos, el mensaje es devastador: “Confíen… aunque no haya razones”.
Empecemos por la cabeza. Miralles consigna que está bajo investigación en una fiscalía ambiental de Chanchamayo, pero sin detallar el delito. Curiosa forma de inaugurar un gabinete: “sí, me investigan… pero luego les cuento”. En Interior, Hugo Begazo aparece investigado por presunta falsificación de documento público, a propósito de una declaración jurada vinculada al saneamiento de una comisaría. Nada mejor para dirigir el orden interno que una sombra sobre la formalidad documental.
En Justicia, Luis Enrique Jiménez no llega con una carpeta: llega con varias. Dos investigaciones por negociación incompatible y una por colusión agravada, además de antecedentes vinculados a firmas falsas en trámites ante Reniec. Es decir, el ministro encargado de defender la legalidad entra a escena con el tipo de dudas que deberían mantenerlo lejos del timón.
En Trabajo, Óscar Fernández Cáceres registra investigación por colusión simple. En Ambiente, Nelly Paredes del Castillo carga dos investigaciones: una por omisión de funciones y otra por genocidio, asociada —según el propio contexto— al periodo político en que se produjeron muertes de manifestantes en 2022–2023. No es un dato menor: es una señal sobre cómo se entiende la responsabilidad pública cuando hay vidas de por medio.
Y si faltaba el capítulo más pesado, aparece Vivienda: Wilder Alejandro Quilcate con seis investigaciones, incluyendo negociación incompatible, lavado de activos y usurpación, entre otras. En Economía, Gerardo López Gonzáles admite conocer que existen investigaciones fiscales como imputado, aunque dice no tener detalles y promete consignarlas después. Traducido: “marqué que no… pero parece que sí”.
El problema no es que alguien sea investigado —la investigación no es condena—. El problema es que la política peruana ha normalizado el “no pasa nada” como doctrina. Y cuando la mitad de un gabinete arranca con procesos y explicaciones incompletas, la pregunta inevitable es: ¿este equipo está para gobernar o para defenderse?
Un gabinete con tantas alertas no nace bajo el signo de la confianza: nace bajo el signo de la sospecha. Y en un país tomado por la inseguridad, la informalidad y el colapso de servicios, empezar así no es torpeza: es irresponsabilidad.
Reflexión final
La ciudadanía no necesita ministros impecables por marketing; necesita autoridades con legitimidad suficiente para exigir sacrificios, imponer orden y combatir la corrupción sin que les devuelvan la mirada con un “¿y usted?”. Si el gobierno de Balcázar pretende estabilidad, su primer paso debería ser obvio: un gabinete que no convierta al Estado en un expediente. Porque cuando el poder empieza justificándose, casi siempre termina fallando. (Foto: Presidencia).