Si en un país asediado por el crimen organizado la Fiscalía se queda sin presupuesto, eso no es “desorden administrativo”: es autoboicot estatal. Jorge Chávez Cotrina ha advertido que el Ministerio Público atraviesa “la crisis más grave de su historia”: el dinero alcanza apenas hasta marzo y, si no hay crédito adicional, en abril podría no pagarse ni a fiscales de todas las jerarquías. La noticia debería escandalizar a cualquier gobierno con reflejos democráticos. Aquí, en cambio, suena a lo de siempre: el Estado se acostumbra a fallar y pretende que la sociedad también se acostumbre a vivir sin justicia.
Primero la cifra: para marzo se plantea recortar 50% del personal de apoyo. En cristiano: más de 4,700 trabajadores fiscales y administrativos quedarían sin sueldo y fuera, si no llega el presupuesto. Eso significa menos manos para diligencias, menos soporte para investigaciones, menos capacidad para sostener casos complejos. Y en el Perú, menos capacidad suele traducirse en lo que todos conocemos: expedientes que duermen, investigaciones que se “enfrían” y mafias que celebran.
Pero el golpe no se queda en planillas. Sin dinero se paraliza lo elemental: viáticos, pasajes, peritajes, criminalística, medicina legal, alquileres, mantenimiento, insumos mínimos. Chávez Cotrina lo dijo sin eufemismos: la Fiscalía quedaría reducida “a la mínima expresión”. Es decir, un edificio con logo y sin músculo. Un Estado de fachada.
Y aquí viene lo más mordaz: el poder político habla de “mano dura”, “estado de emergencia” y “lucha contra la delincuencia”, pero a la hora de financiar al titular de la acción penal —la institución que investiga, acusa y sostiene la persecución del delito— lo deja con la billetera vacía. Es como contratar bomberos y negarles agua. Como pedirle al cirujano que opere sin guantes. Como vender “seguridad” con discursos, mientras se recorta el motor que la hace posible.
La explicación oficial siempre es la misma: “hay prioridades”, “hay emergencias”, “hay lluvias y huaicos”. Cierto. Pero la criminalidad también es emergencia, y más persistente: no se va cuando despeja el clima. Y lo que se está haciendo —por acción u omisión— es regalarle ventaja al crimen organizado: menos personal, menos logística, menos investigaciones, más impunidad. En otras palabras, más calle tomada por mafias y menos Estado defendiendo al ciudadano.
Chávez Cotrina sostiene que han pedido presupuesto adicional y que no hay respuesta efectiva del Ejecutivo. Si eso ocurre en pleno 2026, no es torpeza: es irresponsabilidad política. O, peor, indiferencia. Porque la pregunta incómoda aparece sola: ¿a quién le conviene una Fiscalía debilitada? No a la víctima. No al policía que arriesga. No al ciudadano que vive con miedo. Le conviene al que gana tiempo, al que compra silencio, al que intimida testigos, al que lava dinero.
Que la Fiscalía no pueda pagar sueldos en abril sería una vergüenza institucional y un golpe directo a la seguridad pública. Debilitar al Ministerio Público no “ahorra”: desprotege.
Reflexión final
Un Estado que deja sin presupuesto a su justicia penal no está combatiendo el crimen: está negociando con él, aunque sea por incompetencia. Y cuando la justicia se vuelve intermitente, la democracia se vuelve frágil. La factura no la pagarán los ministerios: la pagará la calle, donde la impunidad siempre cobra primero. (Foto: Lima Gris).