El Perú acaba de cruzar una línea grotesca: ya no presentamos hábeas corpus para liberar a un ciudadano del abuso del poder, sino para liberar al presidente del poder. Sí, leyó bien. Se ha planteado un hábeas corpus preventivo contra César Acuña y Vladimir Cerrón por presunta presión sobre José María Balcázar. En cualquier democracia mínimamente seria, esto sería un escándalo nacional. Aquí, en cambio, suena a “posible”, porque el país ya se acostumbró a que la Presidencia sea, a ratos, un puesto de paso y, a ratos, un escritorio intervenido.
El escrito habla de amenaza “cierta, inminente y grave” contra la libertad, la salud mental y la capacidad de decisión del mandatario. Es decir, no se estaría discutiendo solo influencia política —que siempre existe—, sino algo más corrosivo: la captura. El “secuestro institucional” es exactamente eso: cuando el jefe de Estado mantiene la banda, pero pierde el volante; cuando firma, pero no decide; cuando anuncia “A” y termina ejecutando “B” porque alguien —o varios— le marca la ruta.
Y los nombres no son decorativos. Acuña representa el poder de la “gobernabilidad” entendida como transacción: apoyo a cambio de espacios, votos a cambio de cuotas, estabilidad a cambio de control. Cerrón representa la lógica del aparato: redes, cuadros, infiltración, filtros. Dos estilos, un mismo resultado: un Ejecutivo condicionado. La mezcla es perfecta para el Perú: pragmatismo con peaje + ideología con operadores. Si esto es cierto, Balcázar no gobierna un gabinete: gobierna una mesa de partes.
Lo más crítico no es la denuncia; es que el país la encuentre verosímil. Porque hemos visto esta película demasiadas veces: el Ejecutivo se arma con “equilibrios”, los ministerios se reparten como fichas, y la palabra “técnico” se usa como desodorante institucional. Después vienen las negaciones de manual: “no hay cuotas”, “no hay injerencia”, “solo llamé para felicitar”. En el Perú, nadie presiona: todos “conversan”. Nadie condiciona: todos “coordinan”. Nadie exige: todos “sugieren”. Y mientras tanto, el Estado se sigue debilitando hasta volverse administrable por cualquier red.
Si un hábeas corpus tiene que intervenir para proteger la autonomía del presidente, estamos ante una democracia con la lógica invertida: el presidente debería blindar al país del chantaje político, no necesitar un juez para blindarse de los operadores. Y aquí aparece lo más peligroso: si el Ejecutivo está bajo presión, entonces la política pública también. Seguridad, economía, nombramientos, presupuestos: todo se vuelve negociable, todo tiene costo, todo se cocina en función de quién cobra el peaje. Ese es el camino más corto a la impunidad estructural.
Este hábeas corpus es un síntoma de algo peor: la sospecha de que el poder real no está donde debería estar. Y cuando el poder real se dispersa en redes y cuotas, la democracia se vuelve fachada.
Reflexión final
Balcázar tiene dos opciones: o demuestra autonomía con hechos —decisiones claras, gabinete sin cuotas, transparencia radical— o acepta, por omisión, que la Presidencia es un cargo intervenido. Porque si el país empieza a normalizar que el presidente requiere “protección” para decidir, entonces lo que está en juego no es su libertad personal. Es la libertad del Estado. Y cuando el Estado pierde libertad, el ciudadano pierde futuro.