José María Balcázar no llegó a Palacio por una ola ciudadana, sino por una mayoría negociada en el Congreso tras la censura de José Jerí. Esa es la fotografía de origen. Y cuando el origen es un pacto, la pregunta inevitable no es “¿gobernará?”, sino ¿a quién le debe el gobierno? Porque, en política peruana, los acuerdos rara vez son gratuitos: se cobran con cargos, con influencias y con silencio.
Los primeros signos no son sutiles. La nota advierte que los acuerdos que facilitaron la llegada de Balcázar ya comienzan a reflejarse en nombramientos y gestiones concretas, instalando una duda incómoda: ¿gobernabilidad o repartija?.
En esa línea, se expone el caso del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, quien fue secretario general del Ministerio de Trabajo cuando ese sector estuvo encabezado por Betssy Chávez (octubre-noviembre de 2021), y que permaneció en el entorno del ministerio durante la etapa previa con Íber Maraví. El propio texto lo conecta, además, con redes políticas actuales: Reyes habría sido persona de confianza de Chávez y se menciona que la madre de Betssy Chávez postula al Senado por Podemos, partido que habría respaldado a Balcázar.
Se menciona también una designación en SUCAMEC – La Libertad, atribuida a un entorno cercano a César Acuña, y vinculada políticamente al exministro del Interior Juan José Santiváñez, hoy candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP).
Y como si faltara la confesión en voz alta, aparece Hernando de Soto: frustrado premier que, según la publicación, denunció haber recibido “un par de decenas de llamadas” de César Acuña, y dejó una frase que debería tatuarse en la pared de cualquier gabinete: no quería ser “pantalla de nadie”.
Esta editorial sostiene que el país está presenciando algo más grave que “movidas políticas”: la normalización de un Estado entendido como reparto de poder por tramos, donde la transición no se administra con prudencia institucional sino con compromisos que se cobran.
El problema no es que exista negociación: la política negocia. El problema es la lógica: cuando los nombramientos empiezan a oler a cuota, el Ejecutivo deja de ser conducción y se vuelve contador de favores. Y un presidente de transición —Balcázar— termina gobernando con la mano en el timón y el cuello en la cuerda.
Los analistas citados en la nota lo dicen sin maquillaje. José Carlos Requena advierte que Balcázar tendrá que cumplir compromisos con bancadas y que estas concesiones podrían trasladarse a direcciones y áreas menos visibles, donde el “ojo atento” suele llegar tarde.
Luis Benavente va más lejos: afirma que “queda muy claro” que hubo repartija o cuoteo, y que lo cuestionable no es solo el acuerdo, sino que la negociación se imponga sobre principios.
A esto se suma un componente corrosivo: los compromisos no solo serían parlamentarios. El texto recuerda gestiones y promesas de Balcázar cuando era congresista: reuniones con accionistas jubilados de Pomalca, ofrecimientos para impulsar la Universidad Autónoma de Chiclayo, compromisos con el alcalde del centro poblado Cruz del Médano (Manuel Siesquén) para crear un distrito, y otras coordinaciones para mesas de trabajo con la PCM. Con Balcázar ya en Palacio, la pregunta es brutal: ¿esas promesas eran representación… o anticipo?.
Si el Ejecutivo se convierte en el tablero donde partidos y caudillos mueven fichas, el Estado deja de servir al ciudadano y vuelve a servir a los operadores. Y entonces, sí: la transición llega al 28 de julio, pero el país llega más descreído, más indignado y más vulnerable.
Reflexión final
Cuando un gobierno nace “atado”, no se le mide por discursos sino por resistencias: ¿resistirá la cuota o la convertirá en norma? Si el precio de la estabilidad es institucionalizar la repartija, no es gobernabilidad: es renuncia moral. Y el Perú ya está demasiado cansado de gobiernos que administran el poder como si fuera herencia privada.