Francisco Diez Canseco ha encendido una alarma que ningún demócrata debería minimizar: denuncia un “fraude en marcha” rumbo a los comicios y señala a APP y a otros partidos con presencia congresal como potenciales beneficiarios de una elección sin control suficiente. El Perú ya ha vivido demasiadas veces el mismo guion: instituciones debilitadas, sospechas que se expanden, y una ciudadanía que llega a las urnas con más desconfianza que esperanza. Lo peligroso de este anuncio no es solo la gravedad de la palabra “fraude”; lo verdaderamente explosivo es el contexto que la vuelve verosímil.
La denuncia se monta sobre un hecho institucional: la advertencia de que no habría presupuesto suficiente para desplegar fiscalizadores en distintas zonas del país. Traducido sin tecnicismos: un proceso electoral con vigilancia recortada. Y cuando el árbitro entra al partido sin herramientas, la discusión deja de ser “quién tiene mejores propuestas” y se convierte en “quién puede torcer el resultado”.
Diez Canseco sostiene que esta carencia no sería un accidente administrativo, sino un diseño político que favorecería a los partidos con musculatura parlamentaria, en particular APP. En su lógica, el déficit de fiscalización abre un terreno fértil para “malas artes”: mesas sin supervisión suficiente, cadenas de custodia débiles, vacíos en el control. Y, por si acaso, ya propone la vacuna ciudadana: reclutar personeros en todo el país para vigilar mesas y frenar trampas.
Hasta aquí hay dos realidades simultáneas. Primera: una denuncia así debe ser tratada con seriedad, porque erosiona la credibilidad del sistema. Segunda: una denuncia así también puede convertirse en arma política si no se sostiene con evidencia y acciones formales. La democracia no resiste que la palabra “fraude” sea usada como megáfono sin que el Estado responda con hechos verificables.
Lo mordaz es que, una vez más, el Perú se ve empujado al “sálvese quien pueda” democrático: si el Estado no garantiza fiscalización plena, la ciudadanía y los partidos terminan improvisando vigilancia como si se tratara de un barrio sin comisaría. Eso es una confesión de fracaso: la elección más importante del país no debería depender del heroísmo de personeros reclutados a contrarreloj, sino de instituciones sólidas financiadas y preparadas.
La denuncia de Diez Canseco no puede quedar como ruido de campaña, pero tampoco puede convertirse en sentencia sin pruebas. Lo que sí es indiscutible es esto: un proceso electoral sin fiscalización suficiente es un riesgo real para la legitimidad del resultado.
Reflexión final
Si el país entra a elecciones con controles debilitados, no solo se arriesga una jornada electoral: se arriesga la paz social posterior. La democracia no se defiende con discursos ni con indignación en conferencia; se defiende con presupuesto, control, transparencia y sanción. Si eso no se garantiza hoy, mañana cualquier ganador será acusado, y cualquier perdedor tendrá la excusa perfecta. Y ahí, el fraude —real o imaginado— habrá triunfado igual. (Foto: Expreso).