En el Perú, la ética pública no suele caer por falta de leyes, sino por exceso de excepciones. Y cuando la excepción coincide con el apellido correcto, la sospecha deja de ser paranoia para convertirse en alarma. La revelación de Cuarto Poder es contundente: José María Balcázar promovió la Ley 32171 cuando presidía la Comisión de Educación del Congreso y, tras su aprobación, su hijo José Balcázar Quiroz terminó beneficiado con una plaza como docente nombrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
La Ley 32171 autorizó, “por única vez” y de forma extraordinaria, el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas, sin pasar por el concurso público ordinario, siempre que cumplieran requisitos formales (experiencia, vínculo laboral al semestre 2023-2 y haber ganado previamente un contrato por concurso). Hasta ahí, la defensa típica dirá: “es legal”. Pero la discusión real no es jurídica; es política y moral.
Porque el problema no es solo la norma: es la ruta. Según lo reportado, el proyecto estaba sin avance hasta que Balcázar asumió la presidencia de la Comisión de Educación (2023-2024), se aprobó dictamen y luego lo respaldó el Pleno. Después, en el proceso de implementación, aparece su hijo como beneficiario directo, pasando de contratado a nombrado, con estabilidad laboral, beneficios y peso en la vida universitaria.
Aquí el país escucha una palabra que ya conoce: conflicto de interés. El reglamento parlamentario exige declarar posibles conflictos cuando una norma puede favorecer a familiares directos. Si esa alerta no se transparentó en el debate, no estamos ante un “detalle administrativo”, sino ante una omisión que erosiona la confianza.
El cuadro se agrava cuando se suman recursos públicos: se reporta que el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió cerca de S/ 4 millones a 12 universidades para financiar estos nombramientos, y más de S/ 1.3 millones fueron a la Pedro Ruiz Gallo. Y además, medios señalan que el hijo figura en instancias consultivas vinculadas al Congreso, impulsadas por el propio Balcázar.
Cuando el poder abre atajos “excepcionales” y el beneficiario cae dentro del círculo familiar, la política no pide aplausos: pide fiscalización. Y corresponde que la Contraloría General de la República y el Congreso actúen con claridad y sin cálculos.
Reflexión final
La República se sostiene en una idea simple: nadie debe legislar con ventaja personal. Si el país percibe que las leyes se diseñan para “ordenar” la casa propia, el daño no se limita a una plaza universitaria: se normaliza la trampa como método y se degrada el mérito como principio. Y ese, en el Perú, siempre es el primer paso hacia la impunidad. (Fotos: Presidencia/Cuarto Poder).