En el Perú, la Presidencia ya no siempre se gana: a veces se administra. Y mientras José María Balcázar ocupa el sillón, la frase que recorre el Congreso —“César Acuña es el presidente de facto en el Perú”— no aparece como chisme, sino como síntoma de una enfermedad política crónica: el poder real se estaría ejerciendo por fuera, a través de bancadas, cuotas y peajes. Cuando una democracia llega a ese punto, no es que el país esté polarizado: está capturado.
La idea de un “presidente de facto” no significa que Acuña despache con banda y escolta. Significa algo más corrosivo: que el Ejecutivo podría estar funcionando como una oficina de trámites donde la gobernabilidad se compra con ministerios, direcciones, presupuestos y silencios. En esa lógica, el Estado deja de ser instrumento público y se convierte en moneda política. Y la ciudadanía, como siempre, queda en la posición más cómoda para el poder: pagando impuestos, soportando miedo y mirando desde la tribuna cómo se reparten el tablero.
La palabra que más desnuda este momento es “repartija”. Porque no se trata solo de alianzas; se trata de premios. Y cuando se habla de “premio mayor” —PCM, MEF, carteras clave— lo que se está confesando es que el gobierno no nace de un plan nacional, sino de una aritmética de intereses. El país exige seguridad; la política reparte poder. El país exige gestión; la política negocia cuotas. El país exige autoridad; la política entrega copropiedad del Ejecutivo.
Lo más mordaz es que esto ya ni escandaliza como debería. La normalización es total: se asume que si alguien llega al gobierno sin bancada fuerte, inevitablemente quedará condicionado. Es decir, la debilidad institucional ya no se oculta: se acepta como regla. ¿Y qué clase de república es esa? Una donde el presidente no es líder, sino intermediario; donde las decisiones no se toman por urgencia social, sino por equilibrio interno; donde el gabinete no funciona como equipo, sino como mapa de cuotas.
En ese escenario, el Estado se vuelve lento para lo importante y eficiente para lo conveniente. No hay rapidez para desarticular mafias, pero sí para acomodar nombramientos. No hay contundencia para cortar la extorsión, pero sí para asegurar respaldos. Y mientras el Ejecutivo negocia supervivencia, el crimen organizado —ese sí disciplinado— ejecuta, cobra, amenaza y expande territorio. La paradoja es humillante: las mafias tienen plan; el Estado tiene pactos.
Si la sensación dominante es que Acuña manda “de facto”, el daño principal no es reputacional: es institucional. Un gobierno percibido como capturado nace sin autoridad moral para exigir sacrificios, ordenar el país o combatir la corrupción.
Reflexión final
El Perú no necesita un “presidente de facto”; necesita un presidente de verdad: con independencia, con decisiones sin padrinos y con resultados medibles. Si Balcázar no corta el cordón umbilical de las cuotas, la república seguirá en alquiler. Y cuando el Estado se alquila, el ciudadano no elige futuro: lo subastan por él. (Foto: Caretas).