El 73% de la población adulta presenta obesidad o sobrepeso. No es un dato para una nota de color: es una alerta nacional que debería obligar al Estado a actuar con urgencia. Porque cuando ese exceso de peso se traduce en más diabetes tipo 2 e hipertensión, lo que crece no es solo el tamaño de la cintura: crecen los infartos, los ACV, la insuficiencia renal, las amputaciones y el gasto familiar en salud. Y aun así, la respuesta pública sigue pareciendo un gesto mínimo frente a una crisis máxima.
La obesidad no es “un problema de voluntad” ni un asunto estético. Es un fenómeno social y sanitario que se vuelve letal cuando se combina con presión alta, glicemia elevada y alteraciones metabólicas. Cuando estas condiciones se presentan juntas —síndrome metabólico— el riesgo cardiometabólico se eleva de manera brutal. Y ahí está la primera pregunta incómoda: ¿por qué el Estado aparece recién cuando la persona ya está enferma, pero no cuando aún puede prevenirse el deterioro?.
La tendencia es clara y sostenida: la prevalencia de obesidad adulta ha venido creciendo en los últimos años. Eso significa que el país no está ante una ola repentina, sino ante una pendiente conocida. Si el problema se veía venir y no se intervino con fuerza, entonces no estamos frente a “falta de información”: estamos frente a falta de decisión.
Y aquí viene lo más mordaz: se le exige al ciudadano disciplina de atleta mientras se le ofrece un entorno diseñado para fracasar. Alimentos ultraprocesados baratos y disponibles en cada esquina; jornadas laborales que exprimen el tiempo; transporte que roba horas; estrés crónico; barrios sin espacios seguros para caminar o ejercitarse; escuelas sin educación alimentaria real y sostenida; y un sistema de salud que no tiene equipos suficientes para seguimiento integral. Luego, cuando la enfermedad explota, el discurso oficial se reduce a recomendaciones genéricas, como si el país estuviera enfrentando una tormenta con paraguas rotos.
Peor aún: el estigma termina siendo política pública no declarada. Se culpa, se ridiculiza, se moraliza el peso, y con eso se empuja a muchas personas a evitar controles o abandonar tratamientos. Es el círculo perfecto: se culpa al paciente por enfermar y, a la vez, se le ofrece atención tardía y fragmentada.
Sí, no existen soluciones mágicas: el manejo serio requiere evaluación clínica, seguimiento, enfoque multidisciplinario, cambios sostenibles y, cuando corresponde, tratamiento médico. Pero esa ruta no puede depender del bolsillo o de la suerte del paciente. Si el acceso a un tratamiento integral es privilegio, entonces el Estado no está combatiendo la obesidad: está administrando consecuencias.
Con un 73% de adultos con exceso de peso, esto ya no es un problema individual: es un fracaso estructural. Un Estado que solo aconseja y no transforma el entorno alimentario, educativo y sanitario, está eligiendo la enfermedad como destino.
Reflexión final
La pregunta “¿y dónde está el Estado?” no es un grito retórico: es un reclamo moral. Si no se actúa ahora con políticas reales —prevención desde escuelas, atención primaria fuerte, seguimiento comunitario y acceso efectivo a tratamientos— el país no “podría” pagar una crisis: ya la está pagando, día a día, en cuerpos enfermos y familias endeudadas. El 73% no es una estadística: es la prueba de una ausencia. (Foto: Rcr Perú).