En el Perú, el “voto de confianza” se ha vuelto una ceremonia curiosa: no se trata tanto de confiar en un rumbo, sino de tolerar un reparto. Y en ese trámite, el gabinete de Denisse Miralles llega con una credencial que nadie pidió: un inventario de investigaciones que varios ministros han consignado —con su propio puño y letra— en sus declaraciones juradas. La pregunta ya no es si el Ejecutivo tiene plan, sino si tiene cara. Porque gobernar cinco meses no exige milagros, pero sí exige una condición mínima: autoridad moral para pedir credibilidad.
El caso más simbólico es el del ministro del Interior, Hugo Begazo, quien decidió estrenar su rol de escudero con una frase que debería quedar enmarcada como retrato de época: “Todos tenemos denuncias”. El problema es que él mismo registra un proceso en trámite por presunta falsificación de documento público, ligado a la firma de una declaración jurada durante funciones previas. No es una anécdota; es el tono de la gestión: normalizar lo anormal como estrategia de comunicación.
En Economía, Gerardo López González dejó constancia de investigaciones fiscales en su contra en calidad de imputado y, en vez de detallar, prometió “completar” la información después. En cualquier país con estándares, eso no es una promesa: es una alarma. En el Perú, parece ser apenas un trámite administrativo: “ya lo adjunto luego”.
En Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra aparece con tres investigaciones fiscales vigentes (colusión agravada y negociación incompatible), además de expedientes administrativos vinculados a probidad y deberes éticos que finalmente terminaron archivados. Y aquí surge el detalle incómodo: el archivo puede cerrar un expediente, pero no devuelve automáticamente la confianza pública, menos cuando el país vive una crisis de legalidad cotidiana.
En Ambiente, Nelly Paredes del Castillo arrastra un historial de investigaciones mayoritariamente archivadas o sobreseídas, pero con una investigación en trámite por un presunto delito gravísimo (genocidio), asociado al periodo en que ejerció funciones durante la gestión de Dina Boluarte. En Cultura, Fátima Altabás consigna una denuncia antigua que califica como maliciosa y que no prosperó. En Defensa, Luis Enrique Arroyo reporta procesos concluidos o “en mejora”, pidiendo tiempo para explicar. En resumen: un gabinete donde la transparencia existe, sí… pero como lista de problemas, no como garantía de idoneidad.
El gabinete Miralles no carga una “mochila”: carga una señal política. Si el Ejecutivo cree que la ciudadanía aceptará investigaciones como parte del “paisaje”, entonces no busca confianza: busca resignación.
Reflexión final
Un gobierno de transición debería ser quirúrgico: pocos meses, máxima limpieza, máxima claridad. Pero cuando el mensaje implícito es “esto es normal, todos tienen denuncias”, se institucionaliza el deterioro: se vuelve costumbre pedirle al país que confíe en un equipo que primero tiene que explicarse a sí mismo. Y cuando la política acostumbra al ciudadano a desconfiar, la democracia no se fortalece: se desgasta en silencio.