En un país donde la noticia diaria parece escrita por el miedo —violencia sexual, sicariato, extorsión y corrupción con saco y corbata—, la propuesta de Rafael López Aliaga entra como un golpe seco: cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, extorsionadores y funcionarios corruptos. No es una frase elegante, pero sí conecta con una verdad incómoda: el Perú vive atrapado entre criminales de calle y ladrones de escritorio. Y ambos, con frecuencia, terminan pagando poco o nada.
López Aliaga ha puesto sobre la mesa una idea que muchos ciudadanos repiten desde hace años: ciertos delitos no pueden seguir recibiendo el trato “administrable” que hoy ofrece un Estado débil, lento y, a veces, complaciente. Un violador de menores no es un “error”; es un agresor que destruye una vida. Un sicario no es un “joven descarriado”; es una pieza de una economía criminal que se alimenta del terror. Y un funcionario corrupto no es un “vivo”; es alguien que roba hospitales, escuelas, seguridad y oportunidades. Cuando un país normaliza ese robo, la injusticia se vuelve política pública.
En ese sentido, la contundencia del planteamiento funciona como mensaje: basta de penas blandas, beneficios bajo la mesa y excusas legales que convierten el castigo en trámite. La indignación ciudadana no es solo moral; es práctica: la gente ve cómo el crimen se organiza, se arma, se financia y se expande, mientras el Estado responde con operativos de foto, discursos y “mesas de trabajo”.
Ahora bien, la pregunta clave no es solo si la cadena perpetua suena bien, sino si el sistema puede sostenerla sin convertirse en otra promesa de campaña. Porque la impunidad no nace únicamente de la pena: nace de la captura del Estado, de investigaciones mal hechas, de fiscales y jueces presionados, de corrupción procesal, de cárceles que no rehabilitan y de políticos que legislan para sus propios blindajes. Si el Estado no investiga, no prueba y no condena con rigor, la pena máxima será solo un eslogan con eco.
Y si además se incluye al funcionario corrupto en el mismo nivel de gravedad, se abre un debate necesario: ¿por qué la corrupción —que mata en cámara lenta— sigue recibiendo sanciones que muchas veces se negocian en tribunales o se diluyen en el tiempo? En un país con niños sin protección, hospitales sin insumos y barrios extorsionados, robar desde el poder no es un delito “administrativo”: es violencia estructural.
La propuesta de López Aliaga tiene un mérito: coloca la impunidad en el centro del debate y llama a las cosas por su nombre. En un país harto de tibiezas, la claridad política se vuelve capital.
Reflexión final
La verdadera prueba no será quién grita “mano dura” con más fuerza, sino quién tiene el coraje de sostenerla con un Estado que funcione: investigación seria, justicia rápida, sanción real y cero privilegios. Porque si la cadena perpetua se queda en el discurso, el Perú no habrá avanzado un centímetro: solo habrá cambiado de consigna mientras la impunidad sigue gobernando.