En el Perú donde la “canasta básica” se volvió un deporte extremo y comer tres veces al día es un privilegio estadístico, el Estado siempre encuentra una urgencia superior: alimentar al poder. José María Balcázar, presidente encargado, ahora busca su vale de S/5,000 mensuales para alimentación mediante una tarjeta electrónica recargable. No es metáfora: es un requerimiento formal que, en un año, puede llegar a S/60,000. Y como en toda historia peruana que se respete, el ciudadano mira la escena con una pregunta simple: ¿esto era realmente necesario… o simplemente conveniente?
La ruta elegida es tan eficiente como reveladora: a los pocos días de asumir, el Despacho Presidencial convocó un concurso abreviado para contratar el servicio de vales. La tarjeta estaría recargada con S/5,000 al mes, sin topes diarios, sin límites de consumo, y con un detalle que parece escrito con hambre institucional: si el monto se agota antes de fin de mes, se puede pedir recarga. En teoría el techo anual es S/60,000; en la práctica, el diseño permite que el “techo” sea una sugerencia y el gasto una carrera contra el calendario.
La lista de compras permitidas suena noble: abarrotes, frutas, verduras, carnes, lácteos, panadería, bebidas no alcohólicas. Hasta ahí, cualquiera podría decir: “bueno, es alimentación”. Pero el problema no es la palabra “alimentos”, sino el contexto: este monto sería adicional a partidas presupuestales ya contempladas para el mismo fin en el Despacho Presidencial. Dicho en cristiano: puede parecer un aumento encubierto, con nombre de mercado y olor a formalidad.
Y la pieza maestra llega con la cláusula favorita del poder cuando se trata de su propia billetera: confidencialidad. El proveedor y su personal deben guardar reserva absoluta sobre documentos e información del Despacho Presidencial a los que accedan durante el contrato. ¿Confidencialidad para comprar comida? No es prudencia: es opacidad. Porque cuando el Estado paga, lo lógico es que se rinda cuentas; cuando el Estado calla, lo lógico es sospechar.
El paralelismo es inevitable: este beneficio ya fue reactivado el año pasado por Dina Boluarte con la misma lógica legalista del “se puede porque la norma lo permite”. Y hoy Balcázar parece decirnos: si ya lo hicieron antes, ¿por qué yo no? Esa es la trampa moral del Perú: convertir lo cuestionable en precedente, y el precedente en costumbre.
Un gobierno de transición debería actuar con contención y ejemplaridad. Pero aquí la señal es otra: mientras el país exige seguridad, salud y respuestas, el Ejecutivo corre a asegurar su vale mensual. Prioridades claras.
Reflexión final
El problema no es que un presidente se alimente. El problema es que el poder se alimente mejor, más rápido y con menos transparencia que el resto del país. Porque cuando la política se pone exquisita con sus beneficios y austera con la ciudadanía, lo que realmente se está comprando no es comida: es distancia, cinismo y desconfianza. Y esa dieta —la de la impunidad— sí nos está saliendo carísima. (Foto: El Machete).