En el Perú, la democracia no llega con autoridad moral ni con propuestas que enamoren: llega con recibo. No importa si estás harto, si no crees en nadie o si sientes que elegir es solo cambiar de decepción: si no votas, pagas. Y en las Elecciones Generales 2026, el Estado vuelve a recordarnos su orden de prioridades: puede fallar en seguridad, salud o justicia, pero nunca falla en cobrarte por no participar en un sistema que no se esfuerza en representarte.
La multa por no votar no es igual para todos. Depende del distrito que figura en tu DNI, según su clasificación socioeconómica. Si estás registrado en un distrito no pobre, pagarás S/110. Si tu distrito es pobre no extremo, la multa baja a S/55. Y si estás en un distrito de pobreza extrema, pagarás S/27,50. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lo presenta como criterio administrativo. Pero, visto desde la calle, suena a una verdad incómoda: el Estado sí sabe diferenciar realidades… cuando se trata de sancionar.
La escena es brutalmente peruana: una parte del país siente que nadie la defiende, pero igual debe acudir a las urnas porque la omisión tiene costo. Mientras tanto, los políticos compiten por cámaras, insultos elegantes y promesas sin respaldo, y el ciudadano termina siendo el único que recibe una consecuencia automática si “incumple”.
El castigo se pone más serio si fuiste elegido miembro de mesa y no te presentas. Ahí no hay clasificación ni compasión: la multa es S/275. Y sí, se puede sumar a la multa por no votar. Es decir, si no instalas la mesa y además no sufragas, puedes cargar con dos sanciones. En un distrito no pobre, el total puede llegar a S/385. La precisión del sistema es admirable… solo que esa precisión no se ve cuando toca fiscalizar campañas sucias, dádivas, mentiras o hojas de vida “creativas”.
Para maquillar la exigencia, está el incentivo: la ONPE anuncia S/160 para quienes sí cumplan como miembros de mesa, además de un día de descanso. Suena a “premio”, pero también revela el síntoma: ya no se confía en el deber cívico, se administra la democracia con multa o con propina.
Y aquí está el núcleo del problema: te obligan a votar en un país donde muchos sienten que no eligen, solo sobreviven políticamente. Se insiste en “voto informado”, pero la oferta electoral se multiplica mientras las propuestas se diluyen. Se predica la participación, pero se normaliza el reciclaje de figuras cuestionadas. Y cuando el ciudadano se desconecta, el Estado no pregunta por qué: le cobra.
El Perú no ha resuelto la crisis de representación, solo ha encontrado una forma práctica de sostener la asistencia: sancionando la ausencia. Y esa no es una democracia fuerte; es una democracia que se defiende con boleta.
Reflexión final
La pregunta no es únicamente “¿cuánto es la multa si no votas?”. La pregunta más incómoda es otra: ¿cuánto nos está costando seguir votando sin creer, sin confiar y sin sentir que el poder nos mira como ciudadanos y no como números? Porque cuando el voto se ejerce por miedo al castigo, el futuro deja de ser elección y se convierte en trámite. (Foto: Exitosa).