La apertura de la primera oficina del FBI en Ecuador marca un hecho político y estratégico que trasciende sus fronteras. No es solo una decisión de cooperación bilateral entre Quito y Washington, sino una admisión de fondo: el crimen organizado ha alcanzado tal nivel de sofisticación, violencia e influencia que ya no puede enfrentarse únicamente con respuestas locales, aisladas y reactivas. Mientras Ecuador da ese paso en busca de inteligencia, articulación y apoyo internacional, en el Perú la pregunta cae por su propio peso: ¿por qué aquí no? ¿Por qué seguimos combatiendo una amenaza transnacional con medidas temporales, discursos repetidos y una alarmante falta de visión de Estado?
El crimen organizado que golpea hoy a América Latina no responde a esquemas antiguos. No se limita a bandas dispersas ni a delitos menores. Hablamos de estructuras con capacidad de mover droga, armas, dinero, sicarios y redes de corrupción a través de distintos países, infiltrando territorios, economías e instituciones. Por eso, la decisión de Ecuador de aceptar una presencia permanente del FBI en Quito debe leerse como una respuesta acorde a la dimensión real del problema. Se busca enfrentar el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas y el financiamiento ilícito con cooperación de inteligencia, tecnología y coordinación operativa.
Perú, en cambio, sigue atrapado en un libreto que ya fracasó. Los estados de emergencia se dictan una y otra vez como si fueran solución, cuando en la práctica han terminado siendo apenas una reacción mecánica que no ataca las raíces del problema. Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar han pasado o pasan por el poder sin construir un verdadero plan nacional de lucha contra la criminalidad. Lo que han dejado, más bien, es una preocupante continuidad de improvisación, indiferencia e incapacidad política para responder a una amenaza que ya desborda la seguridad ciudadana y compromete la estabilidad nacional.
Hoy el Perú no solo convive con la delincuencia: convive con un ecosistema criminal cada vez más poderoso. La minería ilegal devasta territorios y corrompe autoridades; el narcotráfico mantiene corredores de poder económico y violencia; las extorsiones se expanden; el sicariato se instala como rutina. El país se desangra a diario, mientras el Estado parece administrar la crisis con medidas de corto aliento y sin estrategia integral. Ese vacío es precisamente el terreno ideal para que las organizaciones criminales avancen.
La experiencia ecuatoriana no debe mirarse con complejo ni con pasividad. Debe obligarnos a discutir seriamente si el Perú está dispuesto a construir alianzas estratégicas con otros gobiernos y organismos especializados para enfrentar una amenaza que ya es regional. La soberanía no se defiende aislándose del mundo, sino fortaleciendo la capacidad del Estado para que no sea capturado por mafias que operan sin fronteras. Pedir cooperación internacional no es rendirse: es entender que ningún país puede derrotar solo a organizaciones criminales que funcionan como redes continentales.
Lo verdaderamente grave es que, mientras otros ensayan respuestas más ambiciosas, el Perú continúa atrapado en la rutina del anuncio, la declaratoria y la reacción tardía. Y en seguridad, la tardanza se paga con vidas.
La instalación de una oficina del FBI en Ecuador deja una lección incómoda pero necesaria. Frente al crimen organizado no bastan patrullajes simbólicos ni estados de emergencia eternos. Se necesita inteligencia, cooperación, depuración institucional y una estrategia nacional firme.
Reflexión final
La gran pregunta ya no es solo por qué Ecuador sí y Perú no. La gran pregunta es cuánto más debe deteriorarse el país para que sus gobernantes entiendan que la criminalidad organizada no se combate con improvisación, sino con decisión política, alianzas serias y sentido de urgencia nacional. Porque cuando el Estado duda y las mafias avanzan, lo que empieza a perderse no es solo la seguridad: es la República misma. (Foto: ATV).