Que Datum admita errores en su última encuesta sobre intención de voto presidencial no debería tratarse como una simple nota de rectificación. En medio de una campaña electoral, una encuesta no solo mide el clima político: también lo influye. Ordena percepciones, instala candidaturas, fortalece relatos y puede empujar decisiones de último minuto. Por eso, cuando una empresa encuestadora reconoce fallas en datos difundidos al país, lo que se pone en discusión no es solo una tabla mal armada, sino la confianza pública en una herramienta que tiene peso real sobre la democracia.
Datum reconoció dos errores puntuales: una suma incorrecta en la categoría “otros” y una falla al copiar y pegar datos segmentados, lo que generó duplicaciones entre grupos de edad y niveles socioeconómicos. Luego aseguró que la intención de voto no se vio afectada, corrigió la información y expresó su pesar por lo ocurrido. Ese gesto de admitir la falla es lo mínimo exigible en una democracia seria. Lo que no puede normalizarse es que el error se convierta en rutina y la corrección en trámite.
Porque una encuesta electoral no es un documento cualquiera. No llega a un escritorio técnico para quedar archivada. Llega a portadas, noticieros, redes sociales, mesas familiares y debates públicos. Se convierte en argumento de campaña, en munición para voceros, en presión para candidatos rezagados y en combustible para el llamado “voto útil”. Por eso, aunque la empresa sostenga que el fondo de la intención de voto no cambió, el daño institucional ya existe: la duda se instala.
Y cuando la duda se instala en un país donde la política ya inspira tan poca confianza, el efecto es más profundo. El Perú no vive precisamente un tiempo de credibilidad abundante. Desconfía de sus partidos, de sus autoridades, de sus promesas y, con frecuencia, también de los números que intentan retratarlo. En ese contexto, una encuesta con errores no es una falla menor; es un golpe adicional a una conversación pública que ya arrastra fatiga, sospecha y polarización.
El problema de fondo es sencillo: el error original siempre corre más rápido que la rectificación. La cifra equivocada sale con fuerza, se comenta, se comparte, se interpreta. La corrección llega después, con menos ruido y menor impacto. Así funciona la lógica pública. Por eso, cuando se falla en información electoral, no basta con corregir: hay que asumir que el costo no se mide solo en porcentajes, sino en credibilidad.
Datum hizo lo correcto al reconocer el error y corregirlo. Pero en una elección, informar mal primero y rectificar después nunca tiene el mismo efecto que publicar bien desde el inicio.
Reflexión final
La democracia necesita votos libres, pero también datos confiables. Porque cuando hasta los termómetros electorales empiezan a fallar, el problema no es solo estadístico. El problema es que la confianza pública, una vez más, vuelve a quedar en campaña.