Cuando un gabinete ministerial nace bajo la sospecha de estar ocupado por operadores políticos antes que por funcionarios al servicio del país, la crisis deja de ser solo gubernamental y se convierte en una herida abierta para la legitimidad democrática. Que el 57% de peruanos crea que el Gabinete Ministerial está copado por gente de César Acuña y Vladimir Cerrón no es un dato anecdótico ni una percepción menor. Es una señal de alarma sobre el profundo deterioro de la confianza ciudadana en el Ejecutivo y sobre la idea, cada vez más extendida, de que el poder en el Perú se distribuye por cuotas políticas y no por capacidad, independencia ni compromiso con el interés nacional.
La encuesta de Datum confirma algo que la calle venía murmurando con creciente desconfianza: para una mayoría, el gobierno no transmite autonomía, sino dependencia. No se percibe un gabinete construido para enfrentar la crisis energética, la inseguridad ciudadana, la precariedad institucional o la cercanía del proceso electoral. Se percibe, más bien, un equipo condicionado por influencias externas, por cálculos partidarios y por una lógica de acomodo que agrava la distancia entre el poder y la ciudadanía.
Ese diagnóstico se vuelve todavía más severo cuando se observa el resto de los datos. El 51% opina que el Congreso no debería otorgar el voto de confianza al gabinete, mientras que José María Balcázar inicia su mandato con 63% de desaprobación y apenas 13% de aprobación. Es decir, no estamos frente a un gobierno que atraviesa una dificultad puntual. Estamos ante un Ejecutivo que empieza su camino sin respaldo político sólido, sin autoridad social clara y bajo una sombra de desconfianza que debilita cualquier intento de conducción.
La sospecha de copamiento no surge en el vacío. Se alimenta de denuncias de injerencia, de versiones sobre negociaciones en la conformación del gabinete y de una historia reciente en la que los ciudadanos han visto demasiadas veces cómo el Estado termina siendo disputado como botín por partidos, caudillos y grupos de poder. Cuando el ciudadano observa que los nombres cambian, pero la lógica de reparto permanece, deja de creer en el discurso oficial y empieza a interpretar cada nombramiento como parte de una transacción.
Ese es el verdadero núcleo del problema. Un gabinete no solo debe ser legalmente constituido; debe ser políticamente creíble. Y cuando una mayoría percibe que responde más a los intereses de Acuña y Cerrón que al bienestar del país, la autoridad del Consejo de Ministros queda erosionada incluso antes de empezar a gobernar. Lo preocupante no es únicamente quiénes están o dejan de estar en los cargos. Lo verdaderamente grave es el mensaje que se consolida: que el país no está siendo conducido desde una visión de Estado, sino desde acuerdos que la ciudadanía asocia con control político, influencia partidaria y supervivencia del poder.
A ello se suma un contexto institucional todavía más frágil. Si la población también considera que el Congreso concentra más poder político que el presidente y que existe alto riesgo de nuevas vacancias o censuras en el futuro, entonces la sensación dominante ya no es de gobernabilidad, sino de inestabilidad administrada. El Perú se parece cada vez más a un escenario donde el poder no se ejerce para resolver, sino para resistir.
Que el 57% crea que el Gabinete Ministerial está copado por gente de César Acuña y Vladimir Cerrón no solo desacredita al Ejecutivo. Expone una crisis más profunda: la pérdida de confianza en que el Estado pueda ser conducido con independencia, transparencia y sentido republicano.
Reflexión final
Cuando la ciudadanía ve un gabinete y piensa en repartija antes que en gobierno, la democracia entra en zona de peligro. Porque allí donde el poder deja de inspirar confianza y empieza a oler a cuota, la política pierde legitimidad, el Estado pierde autoridad y el país vuelve a quedar rehén de los mismos arreglos que lo han llevado, una y otra vez, al borde del desgaste institucional.