A dos semanas de una elección general decisiva, el dato no debería leerse como una anécdota administrativa, sino como una señal de alarma institucional: solo el 27,39 % de los miembros de mesa ha sido capacitado. En cualquier democracia seria, esa cifra encendería preocupación inmediata. En el Perú, en cambio, parece abrirse paso como si fuera una dificultad más del calendario. Y ahí está el problema: se ha normalizado organizar procesos cruciales bajo el signo de la urgencia, la improvisación y la expectativa de que todo se resuelva, como siempre, a última hora.
La ONPE ha explicado que su meta no es capacitar al total de miembros de mesa, sino aproximadamente al 57 %, con la expectativa de que al menos uno o dos integrantes capacitados estén presentes en cada mesa de sufragio. La sola formulación de esa meta ya revela una renuncia preocupante. No se apunta a un estándar óptimo para garantizar orden y solvencia en el proceso, sino a un mínimo funcional para evitar que el sistema tropiece demasiado. No es una meta de excelencia democrática; es una apuesta por resistir el día electoral sin que el desorden se vuelva escándalo.
La situación se vuelve más delicada si se considera que el 99,7 % de los más de 834 mil miembros sorteados ejercerá esta labor por primera vez. Es decir, el país deposita una función esencial en ciudadanos sin experiencia previa y, además, sin preparación suficiente. No hace falta exagerar para ver el riesgo: demoras en la instalación de mesas, errores en el llenado de actas, confusión en el escrutinio y mayores espacios para la sospecha. Y cuando la desconfianza hacia la política y las instituciones ya está instalada, cualquier falla organizativa deja de ser solo técnica para convertirse en combustible del malestar ciudadano.
Lo más grave es que no se trata de un problema nuevo. La asistencia de miembros de mesa ha venido cayendo en cada proceso electoral. Si en 2006 superaba el 84 %, en 2021 cayó al 61,4 %. En el último proceso nacional, casi una de cada cinco mesas tuvo que completarse con electores presentes. Es decir, el Perú ya conoce este deterioro, sabe que la participación de miembros de mesa se debilita, sabe que la capacitación no llega a todos y, aun así, vuelve a aproximarse a una elección compleja con el mismo aire de apuro. No es falta de diagnóstico. Es falta de previsión eficaz.
Ni siquiera el despliegue de módulos informativos, jornadas presenciales, capacitaciones virtuales y herramientas tecnológicas como la STAE logra disipar la preocupación de fondo. Todo eso ayuda, sí, pero no corrige una pregunta esencial: ¿por qué el Estado sigue llegando tan ajustado a una tarea que conoce con meses de anticipación? Cuando la democracia depende de ciudadanos convocados sin experiencia y formados a medias, el sistema no está demostrando fortaleza, sino precariedad.
Una elección no se debilita solo cuando hay fraude o violencia. También se debilita cuando la organización funciona al límite y la preparación de sus actores clave resulta insuficiente. Y si a 14 días del sufragio solo un cuarto de los miembros de mesa está capacitado, no estamos ante una simple cifra baja. Estamos ante una advertencia seria.
Reflexión final
La democracia no debería montarse sobre la esperanza de que todo salga bien por costumbre. Debería sostenerse en preparación, previsión y responsabilidad. Porque cuando el país llega a votar con mesas a medio preparar y funcionarios improvisados, no solo se pone en riesgo la fluidez del proceso. Se erosiona, otra vez, la confianza en que el Estado realmente entiende la magnitud del deber que tiene entre manos. (Foto: Getión).