A dos semanas de las Elecciones Generales 2026, el país debería estar discutiendo propuestas, trayectorias y viabilidad de gobierno. Pero una denuncia ha desplazado el foco hacia un terreno aún más delicado: la credibilidad de las encuestas. Según revelaciones recientes, habría existido un esquema de cobros de hasta S/30.000 cada diez días para mejorar la visibilidad de determinados candidatos y sacarlos del bloque de “otros”, alterando así la percepción pública en la recta final de la campaña. A ello se suman testimonios fiscales que reavivan sospechas sobre manipulación de sondeos en procesos anteriores con dinero ilícito. El problema ya no es solo técnico o metodológico. Es político y moral.
La denuncia pública de Fiorella Molinelli no puede ser tomada a la ligera. La candidata afirmó que le propusieron pagar alrededor de S/30.000 cada diez días por una “mini encuesta” que le permitiera “entrar en la cancha real”, es decir, dejar de ser invisible en el universo electoral. Marisol Pérez Tello añadió otro elemento igual de inquietante: la posibilidad de que recursos públicos destinados al fortalecimiento partidario terminen usados para comprar permanencia en el radar electoral. Si eso es cierto, la encuesta deja de ser un termómetro de opinión y se convierte en un dispositivo de posicionamiento pagado.
La gravedad aumenta con los antecedentes. Un informe fiscal citado por diversas publicaciones recoge el testimonio del colaborador eficaz Horacio Cánepa, quien describió pagos vinculados a Odebrecht para manipular sondeos en campañas anteriores. Según esas revelaciones, en 2010 se habrían destinado US$10.000 a CPI para alterar cifras a favor de Lourdes Flores, y se habla también de maniobras en 2011 y 2016 para beneficiar a otros candidatos. Más allá de lo que cada investigación termine probando judicialmente, el solo hecho de que estas versiones reaparezcan en plena campaña destruye un bien esencial en democracia: la confianza en que la información electoral no está a la venta.
No debe confundirse esta crítica con una condena indiscriminada a todas las encuestadoras. Ipsos Perú, por ejemplo, difundió un comunicado firmado por Alfredo Torres en el que rechaza haberse prestado a manipulación y subraya que sus estudios fueron bancarizados, facturados y sometidos a estándares éticos internacionales. Incluso la propia declaración de Cánepa, según ese deslinde, habría excluido a Torres de esas prácticas. Esa precisión importa, porque la defensa de la transparencia también exige distinguir entre denuncias verificables, antecedentes judiciales y versiones aún por esclarecer.
Pero el daño ya está hecho. Cuando el elector sospecha que una encuesta puede comprarse, empieza a desconfiar no solo del sondeo, sino del proceso electoral entero. Y en un país donde las encuestas ya venían arrastrando cuestionamientos por desfases notables —como el caso de Pedro Castillo en 2021, subestimado severamente hasta días antes de la elección—, estas nuevas denuncias profundizan la sensación de que las cifras no siempre retratan a la ciudadanía, sino que a veces intentan empujarla.
La democracia no puede permitirse encuestas convertidas en propaganda encubierta ni sondeos usados como peaje para existir políticamente. Si el país no defiende con seriedad la transparencia metodológica, la trazabilidad de los contratos y la fiscalización del dinero que circula alrededor de estos estudios, el voto ciudadano terminará compitiendo contra una industria de percepciones manipuladas.
Reflexión final
Una encuesta debería informar al elector, no empujarlo. Debería medir la realidad, no fabricarla. Cuando el sondeo huele a negocio, la estadística deja de orientar y empieza a intoxicar. Y si eso se normaliza, no solo se distorsiona una campaña: se erosiona la legitimidad misma de la voluntad popular.