Más de un millón de soles para reparar el gramado del Estadio Nacional. Ese dato, por sí solo, debería provocar una indignación nacional. No estamos hablando de una catástrofe natural ni de un accidente imprevisible. Estamos hablando de un daño anunciado, permitido y luego maquillado como si fuera parte normal de la administración. El principal escenario deportivo del Perú terminó destruido tras dos noches de espectáculo, y ahora el país debe mirar cómo la factura de la irresponsabilidad supera incluso el ingreso que dejó el alquiler.
Aquí no hubo mala suerte. Hubo una cadena de decisiones que colocó al negocio por encima del deporte. El Estadio Nacional, que debería ser protegido como la Casa del Fútbol peruano, fue expuesto a un uso que terminó arrasando su superficie de juego. El resultado fue vergonzoso: tierra donde debía haber césped, basura donde debía haber orden, improvisación donde debía haber planificación. Y como broche de una gestión que hace tiempo perdió el rumbo, la Municipalidad de Lima terminó clausurando el recinto.
Lo más grave es que esta historia ya no sorprende. Se ha vuelto costumbre alquilar, deteriorar y luego reparar, como si destruir el principal estadio del país fuera una rutina aceptable. Pero esta vez la realidad dejó al descubierto la obscenidad del modelo: reparar la cancha cuesta más que el alquiler. Eso es un escándalo y un hecho condenable. No hay argumento técnico ni financiero que pueda defender semejante absurdo. Se entrega el estadio, se recauda un monto y luego se necesita más dinero para corregir el daño. Es decir, no solo se maltrata el patrimonio deportivo: también se administra con una lógica que bordea el disparate.
Y, sin embargo, siempre aparece el mismo discurso de consuelo: que todo se puede recuperar, que el césped se vuelve a sembrar, que el calendario se reacomoda. Pero no se trata solo de grass. Se trata de respeto institucional. Se trata de entender que un estadio no es una explanada cualquiera ni un espacio de uso indiscriminado. Es un símbolo nacional, una infraestructura estratégica y un activo deportivo que debería estar sometido a reglas estrictas, no a la conveniencia del alquiler de turno.
Lo más inquietante es que el perjuicio no lo absorben quienes se benefician directamente del negocio. El daño lo asume el deporte peruano. Lo paga la planificación de torneos, lo paga la imagen del país, lo paga el fútbol que se queda sin casa y lo paga una ciudadanía que vuelve a comprobar que en el Perú primero se destruye y después se calcula cuánto costará arreglar lo que nunca debió tocarse.
El millón de soles que hoy se menciona no representa una inversión, sino el precio de una renuncia: la renuncia a proteger el principal escenario deportivo del país. Cuando reparar cuesta más que alquilar, ya no estamos frente a un error de gestión. Estamos frente a un modelo profundamente equivocado.
Reflexión final
El Estadio Nacional no puede seguir siendo tratado como una caja de alquiler rápido y reparación permanente. Esa lógica no solo degrada el recinto: degrada también la seriedad con la que el país dice defender el deporte. Porque cuando la Casa del Fútbol termina clausurada, devastada y convertida en gasto millonario, lo que está en crisis no es solo el gramado. Es la noción misma de autoridad, criterio y respeto por el interés público. (Foto: Infobae).