La multa por no votar en las elecciones ya tiene cifras claras: S/110 en distritos no pobres, S/55 en distritos pobres no extremos y S/27,50 en zonas de pobreza extrema. Si además el ciudadano fue designado miembro de mesa y no se presenta, la sanción sube a S/275 y puede acumularse con la multa por omitir el voto. El Estado no deja espacio para la duda: faltar a las urnas cuesta. Lo que sigue costando más, sin embargo, es sostener la fe en una política que parece hacer cada vez menos para merecer ese deber cívico.
En teoría, el voto obligatorio protege la democracia porque asegura participación y evita que solo decidan los sectores más movilizados. Pero en la práctica peruana también expone una contradicción incómoda: se castiga al ciudadano que no vota, mientras se tolera con demasiada frecuencia la precariedad ética y programática de quienes piden ser elegidos. Se multa la ausencia del elector, pero no existe una sanción equivalente para el candidato que banaliza el debate, promete sin sustento o convierte la campaña en una simple máquina de agravios.
Allí está el problema de fondo. El Perú llega a cada elección con un sistema político cada vez más desgastado, partidos frágiles, liderazgos de confianza limitada y una ciudadanía que muchas veces vota más por descarte que por convicción. En ese contexto, la multa funciona como un instrumento de disciplina administrativa, pero no como una solución a la crisis de legitimidad. Obliga a participar, sí, pero no logra devolver entusiasmo ni credibilidad.
El cuadro se vuelve todavía más severo para quienes son sorteados como miembros de mesa. Si no cumplen con su deber, deberán pagar S/275, y si además no votan, ambas sanciones se suman. En un distrito no pobre, la cuenta puede trepar hasta S/385. Mientras tanto, quienes sí asistan a cumplir esa función recibirán S/165 por jornada electoral y un día de descanso remunerado. El sistema, al menos allí, mezcla castigo e incentivo. Pero la pregunta persiste: ¿por qué el Estado parece más eficiente para cobrar la inasistencia del ciudadano que para corregir el deterioro del sistema político que lo rodea?
Y aún hay más. Quien no vote ni pague la multa queda registrado como omiso y ve restringidos diversos trámites ante el Estado hasta regularizar su situación. Es decir, la democracia peruana obliga, sanciona y condiciona. Pero no siempre convence. Y esa diferencia es crucial.
La multa por no votar puede tener sentido dentro de un modelo de sufragio obligatorio. Pero también deja al descubierto una verdad más profunda: el sistema exige responsabilidad ciudadana mientras sigue fallando en construir responsabilidad política.
Reflexión final
No votar tiene un precio. Eso está claro. Lo que todavía no termina de resolverse es el costo más alto de todos: vivir en una democracia donde el ciudadano paga por faltar, pero demasiados responsables del deterioro público siguen participando sin asumir el verdadero precio de haber vaciado la confianza del país. (Foto: LR).