¿Pueden obligarte a ser miembro de mesa si faltan integrantes?

Cada jornada electoral pone a prueba no solo la voluntad ciudadana, sino también la capacidad del Estado para organizar un proceso limpio, ágil y ordenado. Sin embargo, en el Perú persiste una escena que se repite con demasiada frecuencia: mesas incompletas, retrasos desde temprano y votantes que, sin haber sido designados, terminan enfrentando una pregunta incómoda al llegar a su local de sufragio: ¿pueden obligarme a ser miembro de mesa si faltan sus integrantes? La respuesta legal es sí. Y ese solo hecho merece una reflexión más profunda sobre cómo se administra una obligación cívica en un país donde la improvisación suele llegar antes que la eficiencia.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que, si no se presentan los miembros de mesa suficientes, quien esté habilitado para asumir la presidencia puede completar la terna con ciudadanos que ya se encuentren en la fila. En otras palabras, una persona que acudió únicamente a votar puede ser llamada a desempeñar una función esencial para el proceso electoral. Y no se trata de una invitación opcional: negarse implica una sanción económica de S/275.

Desde la legalidad, la medida busca evitar que una mesa no se instale y que el sufragio se retrase o se frustre. Pero desde la mirada ciudadana, el problema es más delicado. Lo que debería ser una jornada de participación democrática termina, muchas veces, dependiendo de una lógica de contingencia. El votante puntual no solo cumple con su deber de asistir, sino que puede verse obligado a suplir la irresponsabilidad o ausencia de otros.

Aquí aparece una cuestión de fondo. El deber cívico no debería convertirse en una carga repentina impuesta por fallas previsibles del sistema. Una democracia seria necesita ciudadanos comprometidos, sí, pero también instituciones capaces de anticipar, capacitar y garantizar que las mesas funcionen sin recurrir, a último minuto, a quienes llegaron solo para ejercer su derecho al voto.

Es verdad que existe una compensación de S/165 para quien cumple esa labor. También es cierto que, en algunos casos, se intenta evitar convocar a adultos mayores o personal de salud. Pero el problema no desaparece. La pregunta sigue siendo válida: ¿por qué el costo de la desorganización termina recayendo, otra vez, en el ciudadano que sí acudió?

Que la ley permita obligar a un elector a integrar una mesa no resuelve el debate; apenas lo formaliza. La norma busca proteger el proceso electoral, pero también deja al descubierto una fragilidad operativa que no debería normalizarse. Votar no tendría que implicar asumir, de improviso, responsabilidades que corresponden a un sistema mejor preparado.

Reflexión final
Cuando una democracia necesita reclutar sobre la marcha para poder empezar, no solo revela un problema logístico: revela una cultura institucional que todavía confía demasiado en la reacción y muy poco en la prevención. El compromiso ciudadano es valioso, pero no debe seguir siendo el parche permanente de las ausencias del sistema. (Foto: Cepeg).