Los pedidos de nulidad de las elecciones presidenciales 2026 no han aparecido por casualidad ni por capricho. Han surgido porque, una vez más, el Perú decidió poner a prueba la paciencia ciudadana y la credibilidad de sus instituciones en el peor momento posible: el día en que debía garantizarse el voto. Lo que debía ser una jornada democrática terminó convertida en una escena donde las fallas logísticas, la improvisación y la controversia legal compiten por el protagonismo. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de inspirar confianza y empieza a pedir auxilio.
Entre los denunciantes figura Colin Fernández Méndez, militante del partido Prin, quien solicitó la nulidad absoluta de las mesas que no llegaron a instalarse. Su argumento apunta a que varias mesas no abrieron antes del mediodía del domingo 12 de abril, impidiendo que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto. La acusación no es menor: si el Estado convoca a elegir el futuro del país, pero no logra siquiera abrir las mesas a tiempo, no está organizando una elección, sino administrando una incertidumbre.
También presentó recursos Carlos Quinto Céspedes, militante de Ahora Nación, quien pidió la nulidad total del proceso alegando presuntas infracciones constitucionales y cuestionando la ampliación de la votación al lunes 13 de abril. Su observación toca un punto delicado: las elecciones, en principio, deben realizarse en una fecha precisa y bajo una misma jornada. Si el acto electoral pierde unidad, lo que se rompe no es solo una formalidad jurídica, sino la igualdad de condiciones entre ciudadanos.
En la misma línea se pronunció Wolfgang Grozo, excandidato presidencial de Integridad Democrática, quien sostuvo que extender la votación generó una ventaja indebida para quienes sufragaron el lunes, ya con acceso a tendencias y conteos preliminares del domingo. Es decir, en vez de custodiar la pureza del voto, el sistema permitió que la sospecha se sentara en la mesa con credencial propia.
A ello se sumó el congresista Edward Málaga Trillo, quien advirtió sobre el impacto nacional de las mesas no instaladas o instaladas tardíamente. Según su señalamiento, hasta el 30% de mesas no estaban operativas a las 2:00 p. m. y al menos 63 mil votantes habrían resultado afectados. En una elección estrecha, eso no es una anécdota administrativa: es un problema político mayor.
Sin embargo, mientras los denunciantes exponen irregularidades que merecen ser investigadas, también aparece la otra cara del problema: la fragilidad del sustento legal de algunos recursos. Porque una cosa es denunciar fallas graves y otra convertir el caos en plataforma para impugnaciones genéricas sin la precisión que exige la ley.
Reflexión final
Lo alarmante no es solo que Colin Fernández Méndez, Carlos Quinto Céspedes, Wolfgang Grozo y Edward Málaga Trillo hayan levantado la voz. Lo verdaderamente grave es que el sistema les haya dado razones para hacerlo. Cuando una democracia organiza elecciones con retrasos, remiendos y explicaciones insuficientes, no solo compromete un resultado: compromete la fe pública. Y un país que empieza a votar con sospecha termina siendo gobernado por la desconfianza. (Foto: Clarin).