Cuando un legislador de Estados Unidos exige que la FIFA pague el transporte público durante el Mundial 2026, lo que aflora no es solo una discusión tarifaria. Lo que emerge es una verdad incómoda sobre los grandes negocios del deporte: las ganancias suelen concentrarse arriba, mientras los costos se dispersan entre ciudadanos, usuarios y contribuyentes. La advertencia del senador Chuck Schumer abre un debate necesario sobre justicia, accesibilidad y responsabilidad en torno a un torneo que promete recaudar miles de millones, pero que amenaza con encarecer la vida cotidiana en las ciudades anfitrionas.
La polémica no nació de una exageración. Según la información difundida, un viaje de ida y vuelta entre Manhattan y el estadio MetLife podría superar los 100 dólares, cuando normalmente cuesta 12,90. En Boston, el trayecto al estadio Gillette también registraría un alza notoria. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un evento que se vende como la gran fiesta del fútbol justificar que llegar al estadio se convierta en un lujo?
Schumer puso el dedo en la llaga al señalar que la FIFA prevé ingresar 11.000 millones de dólares con el torneo. Bajo esa cifra, resulta difícil sostener que sean los residentes y aficionados quienes deban absorber el impacto económico del operativo. Porque una cosa es organizar un evento de magnitud mundial y otra muy distinta es trasladar la factura al ciudadano común bajo la excusa de la demanda extraordinaria.
Aquí aparece un problema más profundo. El fútbol, que históricamente se ha presentado como un fenómeno popular, corre el riesgo de ser administrado como una experiencia cada vez más excluyente. Primero suben las entradas, luego los servicios y finalmente el transporte. Así, la fiesta deja de pertenecer a todos y empieza a reservarse para quienes pueden pagar sin mirar la cuenta. Lo preocupante no es solo el precio, sino la lógica: el hincha financia, el vecino soporta y la organización factura.
Más aún, las autoridades locales quedan atrapadas entre la presión de garantizar el evento y la necesidad de no cargar el peso sobre los contribuyentes. Si la FIFA exige infraestructura, seguridad, movilidad y exposición internacional, también debería asumir una cuota más clara de responsabilidad económica. Lo contrario sería consolidar un modelo cómodo para el organizador y costoso para la ciudad que recibe.
La exigencia de que la FIFA cubra el transporte público durante el Mundial no suena desproporcionada. Suena coherente. Si el organismo presume de ingresos históricos, también debe aceptar obligaciones proporcionales. No puede hablar de inclusión mientras tolera que el acceso al espectáculo se encarezca de forma escandalosa.
Reflexión final
El Mundial no debería convertirse en una vitrina donde el negocio avanza más rápido que la equidad. Si para celebrar el fútbol se necesita castigar el bolsillo de la gente, entonces el problema no está en los trenes ni en los boletos: está en un modelo que ha aprendido a llamar fiesta a lo que demasiadas veces termina pareciendo cobro. (Foto: One Football).