El Mundial 2026 se vende como una fiesta global del fútbol, una celebración de multitudes, culturas y emociones compartidas. Pero detrás del entusiasmo, empiezan a aparecer decisiones que retratan otra verdad menos luminosa: la del negocio que avanza más rápido que la equidad. El anuncio de que el boleto de tren entre Nueva York y el estadio MetLife costará 150 dólares —doce veces más que su tarifa habitual— no es un simple ajuste logístico. Es una señal de cómo un evento popular corre el riesgo de convertirse en una experiencia cada vez más excluyente, donde el hincha termina pagando no solo la entrada, sino también los costos de una organización millonaria que se resiste a asumir sus responsabilidades.
El argumento oficial suena técnico, pero no por eso resulta convincente. Se dice que la tarifa especial busca evitar que los usuarios habituales del sistema ferroviario subsidien los desplazamientos de los asistentes al Mundial. La explicación puede tener lógica contable, pero revela una lógica social inquietante: como no se quiere que el costo lo asuman los contribuyentes locales, entonces debe recaer de forma brutal sobre los aficionados. Es decir, el problema no se resuelve; simplemente se traslada al bolsillo de quienes sostienen el espectáculo con su presencia.
Y allí aparece el verdadero nudo del asunto. La FIFA, que espera ingresos multimillonarios con el torneo, observa la disputa mientras las autoridades locales se pasan la factura unas a otras. Unos sostienen que el organismo no puso un solo dólar para el transporte; la FIFA responde que los acuerdos iniciales contemplaban gratuidad o, al menos, precios de costo. Mientras tanto, el hincha queda atrapado entre versiones cruzadas, promesas renegociadas y una certeza incómoda: alguien gana muchísimo, pero nadie quiere asumir el precio político de garantizar accesibilidad.
Lo más preocupante es el mensaje de fondo. El fútbol, que nació y creció como fenómeno popular, empieza a administrarse como una experiencia premium. Primero se encarecen las entradas, luego los alrededores del espectáculo y después el transporte. Así, la fiesta deja de ser verdaderamente masiva para convertirse en una selección por capacidad de pago. No se expulsa al aficionado con una prohibición explícita; se le aparta con tarifas que lo obligan a pensarlo dos veces.
El contraste con Catar 2022, donde el transporte en días de partido fue gratuito para quienes tenían entrada, resulta inevitable. Aquí, en cambio, la discusión parece girar no en torno a cómo facilitar el acceso, sino a quién le toca cobrar. Y cuando la prioridad pasa de la inclusión al reparto de costos, el deporte empieza a perder algo más que simpatía: pierde legitimidad social.
Cobrar 150 dólares por un trayecto de media hora hacia un estadio del Mundial no parece una solución razonable, sino una muestra de desproporción. Si el torneo va a dejar millones en ingresos e impacto económico, lo mínimo esperable es que sus organizadores y autoridades encuentren una fórmula que no convierta la movilidad en un castigo para el aficionado.
Reflexión final
Cuando ir al estadio cuesta doce veces más que lo normal, el problema ya no es ferroviario: es ético. Porque una Copa del Mundo que presume universalidad, pero encarece el acceso hasta volverlo casi un filtro social, corre el riesgo de celebrar el fútbol en nombre del pueblo mientras le presenta la factura al pueblo mismo.(Foto: Peru 21).