El país está de cabeza: los transportistas —los que sostienen a pulso la economía y arriesgan la vida en cada ruta— han tenido que darle un ultimátum al Congreso. Diez días. No para pedir subsidios, ni aumentos, ni prebendas. Solo para que el Parlamento haga su trabajo: legislar contra las extorsiones que ya se han vuelto la moneda del crimen. Diez días para despertar a un poder del Estado que lleva años anestesiado por la corrupción y la comodidad. Diez días para que los mismos que viajan en camionetas blindadas entiendan lo que es vivir con miedo de salir a trabajar.
El acuerdo entre los gremios transportistas y el Congreso suena más a ironía que a esperanza. Después del paro del 2 de octubre, los dirigentes firmaron con José Williams un documento que compromete al Parlamento a elaborar y aprobar un proyecto de ley para crear un grupo élite contra las extorsiones. El plazo: diez días. Como si la seguridad del país dependiera de una cuenta regresiva para la conciencia política.
Los transportistas no piden milagros, solo respuestas. Pero el Congreso se mueve al ritmo de su propia burocracia, esa que convierte cada urgencia nacional en una novela interminable. ¿Qué puede pasar en diez días? En diez días, en el Perú, un chofer más puede morir por negarse a pagar cupo, una empresa puede quebrar y una familia puede quedarse sin sustento. En diez días, la delincuencia puede avanzar kilómetros, mientras el Estado sigue redactando “pre dictámenes” en cómodos escritorios de aire acondicionado.
El dirigente Martín Valeriano fue claro: “Si no cumplen, volveremos a la protesta”. Y no es una amenaza, es una advertencia cargada de cansancio. Porque los transportistas ya firmaron actas, acuerdos y compromisos que terminaron en el tacho. El Congreso promete leyes como quien reparte volantes en una esquina: con entusiasmo, pero sin intención de cumplir.
Mientras tanto, el país entero sigue secuestrado por la extorsión. Los delincuentes cobran cupos con la puntualidad que el Estado perdió hace años. Las autoridades repiten frases vacías sobre “mesas técnicas” y “coordinaciones intersectoriales”. Y la presidenta Boluarte, fiel a su costumbre, resta importancia a las protestas y se refugia en discursos de cartón. “Un paro de 48 horas no soluciona la inseguridad”, dijo. Lo cierto es que su Gobierno, en más de 600 días, no ha solucionado nada.
Lo más indignante es la normalidad con la que se habla del tema. En el Perú de hoy, la extorsión es parte del paisaje urbano, los asesinatos de choferes son estadísticas que duran un día en los titulares, y las promesas del Congreso valen menos que un boleto de micro. La institucionalidad está tan degradada que un gremio tiene que darle un ultimátum al poder legislativo, como si fuera un alumno irresponsable a punto de repetir el año.
Diez días. Ese es el tiempo que los transportistas han concedido al Congreso para demostrar que todavía puede legislar con sentido de urgencia. Pero todos sabemos cómo terminan estos plazos: con comunicados, selfies y excusas. En diez días, el Parlamento dirá que “están avanzando” y el Gobierno responderá con una nueva comisión que no servirá para nada. Y mientras tanto, las bandas seguirán gobernando las calles que el Estado abandonó.
Reflexión final
El Congreso y el Ejecutivo tienen diez días para reaccionar o terminarán con lo que les queda de legitimidad. Si en una semana y media no pueden hacer lo que no hicieron en veinte meses, el país no tendrá dudas: no se trata de incapacidad, sino de complicidad. Los transportistas no solo han dado un plazo, han marcado una línea. Si el poder político no cumple, la calle volverá a hablar. Y esta vez, no habrá diez días de espera.