La destitución de Dina Boluarte ha vuelto a colocar a Perú en las portadas internacionales, no por sus avances institucionales, sino por el reflejo persistente de una democracia herida. Con 122 votos a favor, el Congreso decidió poner fin a un gobierno que se sostenía en medio del descontento social, la desconfianza ciudadana y el aislamiento político. El diario El País tituló sin ambigüedades: “El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta”. La noticia se replicó en medios de Europa y América Latina, proyectando la imagen de un país atrapado en su propio laberinto político.
Boluarte llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo, en medio de una crisis que ya acumulaba años de inestabilidad. Su mandato, sin embargo, terminó repitiendo los mismos errores: ausencia de liderazgo ético, falta de diálogo y una distancia creciente con la realidad del país profundo. La presidenta cayó no solo por decisiones políticas cuestionadas, sino también por la pérdida total de legitimidad ante la ciudadanía. Su gestión, marcada por la represión de protestas y la falta de rumbo, se convirtió en símbolo de una desconexión estructural entre el Estado y su pueblo.
La prensa internacional no tardó en subrayar el deterioro institucional del Perú. BBC Mundo, The Guardian y Le Monde hablaron de un “nuevo episodio en la inestabilidad crónica del país andino”. No exageran. En menos de una década, el Perú ha tenido seis presidentes y ninguno ha logrado completar su mandato. Este ciclo de ascensos y caídas revela no solo una crisis política, sino una profunda fractura moral: la del poder divorciado del servicio público. La política, lejos de ser un instrumento de transformación, se ha reducido a una maquinaria de supervivencia personal y cálculo partidario.
El Congreso, por su parte, celebra su victoria, pero el país no celebra nada. La destitución de Boluarte no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una clase política capaz de reconstruir la confianza. Cambian los nombres, pero no las prácticas. La corrupción, la improvisación y la indiferencia ante el sufrimiento de la población continúan siendo la constante.
El mundo observa al Perú con desconcierto y cansancio. Cada crisis política se convierte en una herida más a su imagen internacional, afectando la inversión, la estabilidad y, sobre todo, la esperanza de su gente. El país necesita más que un cambio de rostro: requiere un pacto ético nacional que coloque la justicia, la transparencia y la dignidad por encima del poder.
Porque mientras la política siga siendo un escenario de intereses personales, ningún gobierno, por más votos o apoyos que obtenga, podrá sostenerse ante el juicio implacable de su propio pueblo.