(Foto: Expreso). Hay gobiernos que gobiernan. Y hay gobiernos que rotulan. El de José Jerí ha decidido que, en 2026, todo el Ejecutivo use obligatoriamente el lema “¡El Perú a toda máquina!” con logotipo oficial en campañas, boletines y publicidad institucional. El argumento es “reforzar una imagen de movimiento constante y decidido frente a la delincuencia”. Pero el país no está pidiendo imagen: está pidiendo vida. Y cuando un gobierno confunde la seguridad con un eslogan, el problema deja de ser comunicacional: es político.
Jerí está cerca de cumplir 80 días en el poder. Ochenta días no bastan para resolver el desastre, pero sobran para mostrar el rumbo. Y el rumbo, hoy, es inquietante: en lugar de liderar una convocatoria nacional y construir un Plan Nacional Integral contra la Criminalidad —con metas, presupuesto, responsables e indicadores públicos— se ha preferido la vía corta: estados de emergencia reciclados, operativos vistosos, visitas a penales y comisarías, y ahora una consigna obligatoria para que el Estado repita en coro lo que la realidad desmiente.
La frase “¡El Perú a toda máquina!” suena moderna, ágil, juvenil. Justamente por eso es una mala señal: la seguridad ciudadana no es un trend. La política no es un TikTok. Y la Presidencia de la República no debería parecer un set donde se ensaya “popularidad” mientras el país cuenta muertos. La gestión Jerí insiste en imitar estilos ajenos —poses de “mano dura”, gestos de show— sin entender lo básico: El Salvador no es el Perú y el crimen aquí no se combate con coreografía, sino con control territorial sostenido, inteligencia, investigación fiscal protegida y un Estado que ocupe los espacios que el delito ya administra.
Peor aún: el lema pretende vender “movimiento” cuando lo que vemos es piloto automático. Salud y educación arrastran carencias estructurales, y la inseguridad no solo continúa: se normaliza. La extorsión se ha vuelto impuesto ilegal; los emprendedores pagan para existir; el transporte se paraliza por miedo; los fiscales necesitan resguardo; y el ciudadano aprende a callar para sobrevivir. Mientras tanto, el Estado imprime entusiasmo y lo obliga por norma, como si la tipografía pudiera patrullar una esquina.
La resolución es, en el fondo, una confesión: no hay plan, pero sí hay narrativa. No hay estrategia integral, pero sí hay logo. No hay indicadores de resultado, pero sí hay manual de identidad visual. En vez de convocar a gobiernos regionales, municipalidades, Fiscalía, Poder Judicial, sector privado y sociedad civil para sostener una política de seguridad con continuidad hasta julio de 2026, se convoca al aparato público a estampar una frase. El Estado se uniforma para parecer fuerte mientras el crimen se organiza para serlo.
Y hay un detalle que el gobierno debería entender: imponer un lema en medio del deterioro no inspira; irrita. No porque la gente sea “negativa”, sino porque sabe reconocer el reemplazo. Cuando la propaganda sube de volumen, suele ser porque la gestión se queda sin argumentos. Decir “a toda máquina” mientras el país se cae no es optimismo: es desconexión.
A Jerí le quedan poco más de doscientos días para el 28 de julio de 2026. Ese tiempo puede usarse para dejar una base mínima: plan integral, metas claras, coordinación real, golpe al lavado de activos, intervención en economías ilegales, reforma operativa y ocupación sostenida de territorios. O puede gastarse en slogans. La diferencia es simple: un plan salva vidas; un lema solo salva apariencias. Y hoy el Perú no está para campañas institucionales: está para Estado.