(Foto: JNE). El Perú amanece con un dato que debería encender sirenas, no debates tibios: 252 candidatos con sentencias penales firmes rumbo a las Elecciones Generales 2026. Y por si fuera poco, el 92% de las organizaciones políticas los lleva en sus listas. No es un “desliz”, no es una “mala depuración”: es un retrato. El problema ya no es que haya manzanas podridas; es que el cajón entero se vende como si estuviera fresco.
La lista de delitos no es una anécdota: incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, violencia familiar, malversación, estafa, falsificación, hurto, lesiones, conducción ebria, resistencia a la autoridad, homicidio culposo. En total, 297 sentencias. Es decir, no hablamos de “errores” sino de trayectorias. Y aun así, ahí están: pidiendo un voto, un cargo, un fuero, una curul, una firma, un presupuesto.
La política peruana ya ni disimula: se ha vuelto el camino corto para la rehabilitación pública sin reparación social. Donde el ciudadano paga impuestos y los partidos ofrecen “candidatos con antecedentes” como si fueran parte del combo. Y luego se sorprenden cuando la gente descree, se radicaliza o se resigna. ¿Cómo creer en un Congreso que legisla contra el crimen si su propia cantera está llena de sentencias? ¿Cómo pedir “mano dura” cuando las listas parecen un catálogo de impunidad administrada?
Lo más indignante no es que estos candidatos existan. Lo indignante es que los partidos los eligen. Nadie los obliga. Nadie los arrastra a inscribirlos. Los colocan porque les conviene: por plata, por redes, por “arrastre”, por maquinaria, por esa vieja lógica cínica de la política local: “con tal que gane”. Y en esa apuesta, la integridad es la primera víctima.
Y cuando el sistema declara que la sentencia no descalifica, el mensaje al país es brutal: “si puedes con el expediente, puedes con la curul”. Así se normaliza la violencia, se relativiza la corrupción y se vacía la idea de representación. No es democracia: es oferta electoral con descuento moral.
Reformas hay, pero falta voluntad: primarias universales reales, filtros obligatorios de integridad, transparencia radical, y prohibiciones claras para delitos graves. Pero eso afectaría a quienes hoy controlan el negocio. Por eso se posterga: porque depurarse significaría perder poder.
Con 252 sentenciados en carrera y 92% de partidos involucrados, el problema ya no es la excepción: es el método.
Reflexión final
El voto informado dejó de ser “responsabilidad ciudadana” y pasó a ser defensa personal. Si el Perú elige a ciegas, mañana no habrá derecho a sorprenderse cuando el Estado legisle para protegerse a sí mismo. Porque cuando la política se acostumbra a convivir con sentencias, el siguiente paso es obvio: hacer leyes para que la sentencia no importe. Y ahí, la democracia ya no se pierde de golpe: se pierde firmando.