La multa impuesta por Indecopi a Scotiabank, superior a S/ 1.1 millones por llamadas spam sin consentimiento, no es solo una sanción económica. Es, sobre todo, una radiografía de una mala práctica que durante años se volvió parte del paisaje cotidiano: teléfonos que suenan sin permiso, ofertas que nadie pidió y bancos que parecen creer que la privacidad del ciudadano es apenas un detalle administrativo. Esta vez, sin embargo, el abuso tuvo costo. Y ese detalle merece atención.
El caso no gira únicamente alrededor de una cifra llamativa. Lo verdaderamente relevante es lo que la sanción confirma: que las llamadas comerciales sin autorización previa no son una incomodidad menor, sino una vulneración concreta a los derechos del consumidor. Durante demasiado tiempo, muchas entidades financieras y empresas de servicios actuaron bajo una lógica preocupante: primero invadir, después insistir y, finalmente, normalizar la molestia como parte del negocio.
Ese es el fondo del problema. El spam telefónico no es solo una estrategia agresiva de ventas; es también una expresión de una cultura empresarial que ha aprendido a operar sobre el desgaste del ciudadano. Se llama a cualquier hora, se interrumpe el trabajo, el descanso o el tiempo familiar, y luego se pretende reducir todo a una simple “oferta comercial”. Como si el consentimiento fuera opcional. Como si el derecho a no ser perturbado no existiera.
La multa contra Scotiabank, en ese sentido, representa algo más que una penalidad. Marca un límite. Le recuerda al sistema financiero que el consumidor no es una presa comercial a la que se puede perseguir hasta que responda. Y también revela algo incómodo para el país: que muchas veces las grandes empresas solo corrigen sus excesos cuando la autoridad les pone un precio suficientemente alto.
Más aún, el hecho de que Indecopi también investigue a otras entidades como BCP, Santander, Interbank, Oncosalud, Claro y Movistar demuestra que no estamos frente a un caso aislado. Estamos ante una práctica extendida, casi industrial, donde el acoso telefónico se convirtió en herramienta de captación. Y cuando el abuso se vuelve sistémico, el problema ya no es solo comercial: es ético.
La sanción a Scotiabank debe entenderse como una advertencia clara. No basta con ofrecer productos; hay que respetar derechos. No basta con crecer en el mercado; hay que actuar dentro de la ley. El consentimiento no puede ser una formalidad decorativa, ni la privacidad un derecho negociable.
Reflexión final
Quizá el mayor valor de esta multa no esté en el monto, sino en el mensaje. En un país donde tantas veces el ciudadano siente que las grandes instituciones avanzan sobre su tiempo, sus datos y su paciencia, resulta saludable que una autoridad recuerde algo elemental: nadie tiene derecho a invadir la tranquilidad ajena para convertirla en oportunidad de negocio. Porque cuando el spam se vuelve costumbre, la dignidad del consumidor empieza a pagarse demasiado caro. (Foto: Perú Retail).