Cuando el presidente José María Balcázar afirma que la compra de los aviones de combate F-16 Block 70 “fue a dedo” y “sin licitación”, el país no puede tratarlo como una simple frase de coyuntura. Se trata de una operación cercana a los US$3.500 millones, con impacto directo en los recursos públicos, la defensa nacional, la política exterior y la legitimidad del Estado. Si una adquisición de esta magnitud se negoció con postor único, excluyendo ofertas de Francia y Suecia, estamos ante un caso que exige investigación inmediata, documentos abiertos y responsabilidades políticas claras.
Según Balcázar, el proceso inicial contemplaba propuestas de Dassault Aviation de Francia, Saab de Suecia y Lockheed Martin de Estados Unidos. Sin embargo, durante el gobierno de José Jerí se habría cancelado la competencia para negociar directamente con la empresa estadounidense, fabricante de los F-16 Block 70. El mandatario sostuvo que se trató de una compra directa, secreta y sin participación regular de instancias clave como el Ministerio de Economía y Finanzas o la Presidencia. Además, señaló que recién tomó conocimiento del giro del proceso tras los reclamos de Saab por no haber sido convocada a sustentar su propuesta.
El debate no es si el Perú necesita modernizar su flota aérea. Ese punto puede ser legítimo y necesario. El problema es cómo se toma una decisión estratégica que comprometerá al país por décadas. Una compra militar puede requerir reserva en aspectos sensibles, pero la reserva no puede convertirse en una cortina para evitar competencia, control y rendición de cuentas. La seguridad nacional no puede ser excusa para cerrar puertas, excluir postores y pedir confianza ciega.
Si el proceso pasó de una evaluación internacional a una negociación con postor único, el país merece respuestas concretas. ¿Qué informes técnicos justificaron excluir a Francia y Suecia? ¿Qué criterios hicieron superior la propuesta estadounidense? ¿Quién autorizó declarar secreto el proceso? ¿Por qué una decisión de miles de millones avanzó entre versiones contradictorias? ¿Quién responde si el contrato compromete al próximo gobierno sin legitimidad política suficiente?.
La frase “a dedo” es demasiado grave para quedar flotando como declaración televisiva. Si es cierta, revela una forma peligrosa de administrar recursos públicos. Si no lo es, las instituciones involucradas deben demostrarlo con expedientes, evaluaciones comparativas y actas, no con comunicados calculados ni silencios burocráticos.
Desde esta tribuna, la exigencia es clara: transparencia, fiscalización y responsabilidades. El Congreso, la Contraloría, el Ministerio Público y los órganos competentes deben revisar el expediente completo, respetando los límites razonables de la seguridad nacional. Modernizar las Fuerzas Armadas no significa aceptar cualquier procedimiento. El patriotismo no se mide por comprar rápido, sino por comprar bien.
Balcázar ha colocado sobre la mesa una acusación de enorme gravedad. Esa afirmación no puede diluirse en el ruido político. Debe investigarse hasta el final. Porque cuando una operación de US$3.500 millones aparece rodeada de secreto, exclusiones y versiones cruzadas, el problema ya no son solo los aviones. El problema es la confianza pública. Y un Estado que no sabe explicar cómo compra, tampoco puede pedir que la ciudadanía confíe en lo que decide. (Foto: LR).