En el Perú bancario ocurren episodios que retratan perfectamente el desequilibrio entre las grandes entidades financieras y los ciudadanos comunes. Interbank entregó una tarjeta de crédito sin autorización, activó un producto financiero sin consentimiento y terminó atribuyendo a una usuaria una deuda inexistente de S/30.000. La clienta, además, habría realizado pagos bajo presión por una obligación que nunca debió existir. ¿Y cuál fue el golpe ejemplar contra semejante abuso? Una multa de poco más de S/19.000. Una cifra que, para cualquier banco de gran tamaño, difícilmente representa algo más que un gasto administrativo menor.
El problema no es únicamente el error. El verdadero escándalo es la lógica que parece haberse instalado en el sistema financiero peruano: primero se vulnera al usuario y luego se calcula cuánto cuesta la sanción. Si el castigo termina siendo mínimo frente al poder económico de las entidades, el mensaje es devastador. Sale más barato equivocarse con el cliente que fortalecer realmente los mecanismos de control y seguridad.
La resolución de Indecopi confirma algo elemental: el silencio jamás puede interpretarse como aceptación de un producto financiero. Sin embargo, la gravedad del caso no parece reflejarse en la penalidad impuesta. Porque aquí no estamos hablando de una promoción enviada por error o de una llamada inoportuna. Estamos hablando de una deuda inexistente que pudo afectar la tranquilidad, el historial financiero y la reputación crediticia de una persona.
Y ahí aparece otra pregunta incómoda: ¿cuántos ciudadanos no logran defenderse? ¿Cuántos terminan pagando por miedo a reportes negativos, amenazas de cobranza o interminables trámites burocráticos? No todos tienen tiempo, recursos o conocimiento para enfrentar a un banco. Muchos simplemente ceden ante el desgaste.
Lo más irónico es que, en teoría, el sistema existe para proteger al consumidor. Pero cuando las multas parecen simbólicas frente a los ingresos multimillonarios de las entidades financieras, la sensación ciudadana es inevitable: la protección llega tarde y cuesta demasiado poco para quienes cometen el abuso.
Mientras tanto, el usuario afectado enfrenta ansiedad, llamadas, trámites y desgaste emocional. El banco paga una suma reducida y continúa operando normalmente. Un mundo al revés donde la víctima pelea durante meses para limpiar su nombre y la sanción termina fortaleciendo más las arcas del Estado que la reparación integral del ciudadano perjudicado.
La discusión de fondo ya no debería limitarse a si hubo o no infracción. La verdadera discusión es si las sanciones financieras en el Perú realmente generan temor en las entidades o si simplemente forman parte del costo habitual de hacer negocios.
Porque cuando una deuda fantasma de S/30.000 termina castigada con una multa menor al impacto generado, el ciudadano entiende perfectamente cuál es la escala de prioridades del sistema: el consumidor protesta, el banco paga poco y todo sigue funcionando como si nada hubiera pasado. (Foto: Perú Retail).